Luego de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) emitiera y reconociera que el aborto no es motivo de penalidad y que es inconstitucional criminalizar el aborto de manera absoluta, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) observó la necesidad de conocer y dar seguimiento a aquellos casos de mujeres privadas de la libertad por haber abortado.
Por ello, se pronunció para la acción de medidas urgentes a favor de estas mujeres que se encuentran enfrentando procesos o sentencias en los centros penitenciarios de México. De acuerdo con el organismo, es muy preocupante que haya posibles mujeres que estén enfrentando procesos penales o penas en centros penitenciarios del país por delito de aborto.
Texto: Jaqueline López / Zona Docs
Fotografía: José Luis de la Cruz / Archivo
23 de febrero de 2022
En septiembre de 2021, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) determinó que el aborto no es ni debe ser motivo para que las mujeres sean privadas de la libertad y cumplan una pena.
Por ello, a cinco meses de la decisión, la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) observó la necesidad de conocer y dar seguimiento a aquellos casos de mujeres privadas de la libertad que enfrentan procesos o sentencias con motivo de la comisión del delito de aborto u otros delitos análogos. El organismo, aseguró que el criminalizar su derecho a interrumpir su embarazo no solamente viola sus derechos humanos, sino que trastoca su dignidad, su proyecto de vida, su autonomía, su libre desarrollo de la personalidad y no garantiza el derecho a vivir una vida libre de violencia.
Según advirtieron en un comunicado de prensa, durante el mes de octubre de 2021, la CNDH se dio a la tarea de realizar solicitudes de colaboración a 32 autoridades de los centros penitenciarios de México, al Instituto Federal de Defensoría Pública, al Órgano Administrativo Desconcentrado de Prevención y Readaptación Social y a la Coordinación de Centros Federales de Prevención y Readaptación Social, para conocer las acciones sustantivas que se han realizado, y/o que se están implementando, para dar atención a mujeres que se encuentran privadas de su libertad por motivos de aborto o de delitos análogos.
No obstante, las instancias que colaboraron explicaron que no han realizado ni están realizando acciones de esta naturaleza, debido a la inexistencia de mujeres privadas de la libertad por delito de aborto. Solo en Oaxaca se manifestó el caso de una mujer privada de la libertad por este delito.
Si bien, las instancias aseguraron que no hay mujeres cumpliendo una sentencia o llevando un proceso penal por aborto, la CNDH informó que hay fuentes que alertaron la existencia de mujeres en prisión por tales delitos.
Por ello, solicitaron a las autoridades competentes que realicen acciones urgentes y, por lo tanto, inmediatas para lograr la identificación de las mujeres que se encuentran enfrentando un proceso o una sentencia en un centro penitenciario por la comisión de ese delito, a fin de que logren acceder a recursos legales que les permitan obtener su libertad.
Así mismo, la CNDH reconoció que en el país prevalecen leyes regresivas conformadas a partir de una visión machista y patriarcal. De esta manera, consideraron que se debe buscar una perspectiva de género en las leyes mexicanas, que permita que las mujeres puedan abortar sin que implique una penalización y, por su puesto, una violación a sus derechos humanos:
“Deben transitar a nuevo paradigma, con perspectiva de género, que permitan sin restricciones de carácter sanitario y/o penales acceder de manera voluntaria, anónima, gratuita, libre de violencia institucional y conforme a servicios sanitarios de calidad a la interrupción del embarazo en beneficio de las mujeres sin discriminación alguna sin importar edad, estado civil, nivel socioeconómico, educativo, religión, origen étnico, cultura, orientación y/o preferencia sexual”.
De lo contrario, señalaron, las mujeres que viven en estados en donde se criminaliza el derecho a decidir sobre su propio cuerpo y la interrupción de su embarazo, están siendo orilladas a practicarse abortos clandestinos enfrentando riesgos a su salud y una persecución por su decisión.
