El Consejo de la Judicatura aprueba nuevas pautas de operatividad de los juzgados que prácticamente anulan el funcionamiento de los tribunales especializados, donde se atienden los delitos de mayor incidencia en Ciudad Juárez; advierten retrocesos en materia de justicia
Texto: Itzel Ramírez / La Verdad
Fotografía: Rey R. Jauregui / La Verdad
21 de febrero de 2022
Una reforma al funcionamiento del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) anulará la operación de los tribunales especializados de narcomenudeo y de género, dos entes que, aunque no estaban formalizados en la Ley Orgánica del Poder Judicial, trabajaron como modelos celebrados por la sociedad civil y organismos internacionales, debido a su trascendencia en la aplicación de la justicia.
Con el argumento de equilibrar las cargas de trabajo y de eliminar la discrecionalidad de las asignaciones, el Consejo de la Judicatura aprobó un acuerdo que dividirá a los jueces en dos grupos (de control y de enjuiciamiento) y que desactiva la especialización.
La modificación ha generado reacción de algunos grupos, como el caso de organizaciones feministas, que fueron uno de los pilares de la construcción del Tribunal Especializado en Violencia de Género.
El acuerdo, firmado en una sesión privada del Consejo de la Judicatura el pasado 28 de enero, ordena hacer una distinción entre jueces de control y de enjuiciamiento para cambiar los turnos de asuntos que llegan a los tribunales del sistema penal acusatorio, de justicia para adolescentes y de ejecución.
“… este Pleno, considera necesario, lleva a cabo una transformación interna (…) a efecto de garantizar a los justiciables y a la sociedad en general, una regulación estricta de parámetros para la recepción, distribución y tramitación de todos aquellos asuntos que en materia penal del sistema acusatorio llevan a cabo su tránsito por el proceso”, se lee en el documento.
“El objetivo primordial de esta decisión es garantizar el debido despacho de los asuntos puestos a disposición de los juzgados penales; de igual manera, lograr un seguimiento adecuado de los mismos, estableciendo un método que permita la derivación y radicación de casos”, abunda el texto.
De acuerdo con el Consejo de la Judicatura, un diagnóstico del área de Gestión Judicial mostró que hay “pautas o reglas de trabajo no escritas” que complican la asignación de cargas de trabajo dentro de los tribunales penales de la entidad.
“… resulta necesario establecer la definición de directrices de organización y distribución judicial –como en el caso–, entre las y los juzgadores, así como de las causas penales, ya que de lo contrario, no será posible alcanzar una igualdad y equidad por cuantía y complejidad en la distribución de cargas de trabajo, pero sobre todo, no será viable garantizar eficazmente el derecho de las personas de acceder a la justicia”, continúa la exposición de motivos del acuerdo.
La derivación de causas, apunta el documento, será por juez de control, de enjuiciamiento, de ejecución y de justicia para adolescentes.
Hasta antes del acuerdo, el Tribunal Superior de Justicia de Chihuahua funcionaba con jueces que podían conocer de una causa como jueces de control y constituirse como tribunal de enjuiciamiento en otra, un modelo que ha quedado erradicado con la decisión de la Judicatura.
La modificación, según los argumentos esgrimidos en el acuerdo, evitará que jueces se nieguen a conocer de asuntos “por decisiones arbitrarias, fuera de los supuestos de la ley como: excusas, recusaciones, impedimentos, competencia… con conciencia de que la negativa debe y solo puede ser por vía judicial y no personal”.
A partir de la publicación del acuerdo, la separación entre jueces de control, de enjuiciamiento, de ejecución y de justicia penal para adolescentes inicialmente será en el distrito judicial Morelos, para luego extenderse a las otras zonas jurisdiccionales.
Las causas vigentes y de ingreso serán distribuidas a la totalidad de jueces penales atendiendo al criterio alfabético descendente según su apellido.
En los hechos, esta distribución implica que los tribunales especializados de narcomenudeo y de violencia de género ya no serán los únicos que conozcan de estos delitos, lo que significa su desaparición, de acuerdo con fuentes consultadas.
Sin embargo, el vocero del Tribunal Superior de Justicia, Israel Hernández, dijo que hasta el momento los jueces siguen trabajando de manera cotidiana y aseguró que las modificaciones son solamente una reingeniería que no impactará en la aplicación de las medidas alternativas que se contemplan en la ley.
TRIBUNALES ESPECIALIZADOS ATIENDEN DELITOS DE MÁS INCIDENCIA
Aunque no estaban regulados en la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Chihuahua, los tribunales especializados de género y de narcomenudeo fueron estructuras creadas para atender los dos delitos de más incidencia en el estado, particularmente en Ciudad Juárez.
El Tribunal Especializado en Narcomenudeo se creo en 2019 para atender los casos por este delito en audiencias masivas en donde se ofrece a la mayoría de los acusados la posibilidad de acogerse a la suspensión condicional, una suerte de justicia terapéutica.
Apenas el 19 de octubre del año pasado, el TSJ firmó un convenio con el Consulado General de Estados Unidos en Ciudad Juárez para fortalecer el desarrollo de capacidades y la formación de personal para el delito más numeroso en la frontera.
“En Ciudad Juárez cada 4 horas hay una víctima de homicidio doloso y cada hora se pone a disposición de un agente del Ministerio Público un portador de drogas (…), el 85 por ciento de los homicidios tiene relación con las drogas. De cada 100 homicidios que se cometen en la ciudad, menos de 5 casos son sentenciados, en narcomenudeo la impunidad es del 76 por ciento, con un rezago de 12 mil carpetas, 566 carpetas por cada agente de investigación”, declaró en esa fecha Jorge Contreras Fornelli, presidente del Fideicomiso para la Competitividad y Seguridad Ciudadana (Ficosec).
En el evento, Eric Cohan, cónsul general de Estados Unidos en Ciudad Juárez, resaltó cómo la cooperación bilateral ayudaría a que más personas fueran atendidas en este tribunal. El expresidente del tribunal, el magistrado Pablo Héctor González Villalobos, dijo que la especialización en narcomenudeo -con la asistencia del Tribunal para el Tratamiento de Adicciones-, implicaba la integralidad en la aplicación de justicia y, sobre todo, en la atención al problema de las adicciones.
Ahora, con las nuevas disposiciones para la atención de asuntos, los casos de narcomenudeo podrán ser tratados por cualquier juez de primera instancia, sin que sea necesaria su especialización, como funciona el Tribunal Especializado de Narcomenudeo.
En el mismo caso está el Tribunal Especializado en Violencia de Género, creado en septiembre de 2020 para atender el delito de violencia familiar, el segundo más numeroso en incidencia.
Siete jueces de control y enjuiciamiento estaban adscritos a atender los casos de violencia familiar, que a lo largo de 2021 sumó tres mil 44 causas -mil 471 correspondientes al distrito Bravos de Ciudad Juárez-, con un total de tres mil 287 víctimas –mil 532 de ellas en la frontera–, de acuerdo con las cifras de la Unidad de Estadística del TSJ.
ES UN RETROCESO, ADVIERTEN
Irma Villanueva, abogada especializada en materia de género y extitular de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, dijo que la decisión de cambiar la radicación de turnos es un retroceso en materia de acceso a la justicia para las mujeres.
“Si se llega a aplicar es un retroceso definitivamente para las mujeres y las niñas de Juárez y Chihuahua, nos indica un desconocimiento y una falta de priorización del Tribunal (Superior de Justicia). Se refleja que no es un tema prioritario, no es un tema que interese conocer, esa es la lectura que damos de fuera, no les interesa avanzar en los hechos y eso es muy preocupante”, mencionó Villanueva.
La abogada dijo que la medida desmantela todo el esfuerzo que desde la sociedad civil se hizo para construir equipos multidisciplinarios sensibilizados en materia de género.
“El que los asuntos fueran atendidos según el tribunal en turno o por turnos implica que se elimina de facto la especialización porque los casos van llegando y se turnan como vaya, salen de a unidad o del equipo multidisciplinario especializado en este tema”, aseguró.
Villanueva recordó que tanto tratados internacionales como el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer (CEDAW por sus siglas en inglés), señala que la especialización es necesaria para proveer justicia integral.
Además, dijo, la decisión del Consejo de la Judicatura va en contra de los planes del Judicial estatal, que buscaba que el modelo de tribunal especializado se aplicara en otros distritos.
