Seguirá desplazada la niña que denunció haber sido obligada a casarse en la Montaña

Texto: Jesús Guerrero

Fotografía: Tlachinollan Centro de Derechos Humanos de La Montaña

14 de diciembre del 2021

Chilpancingo

 

Una niña a la que obligaron a casarse y después la encarceló su suegro, quien abusó sexualmente de ella, pretendía quedarse en su comunidad de Joya Real, municipio de Cochoapa El Grande pero regresó debido a que no había condiciones de seguridad, informó el Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan.

 

Abel Barrera Hernández, director ejecutivo de Tlachinollan, la titular de la Secretaría de la Mujer, Violeta Pino, la presidenta de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, Cecilia Narciso Gaytán, y el alcalde de Cochoapa, Bernardo Ponce García, acompañaron a la menor de identidad reservada A.M.G. y a la madre y padre a Joya Real para regresar a vivir a su pueblo.

 

Esta visita a Joya Real de los funcionarios también tuvo el propósito de que el alcalde Bernardo Ponce le informara a la población de las consecuencias legales que implican la realización de matrimonios forzados de menores de edad.

 

Otro de los temas que se trató en esa reunión en la que estuvieron el comisario y los principales del pueblo era garantizar el regreso de la menor de edad encarcelada por la Policía Comunitaria de la comunidad vecina de Dos Ríos a petición de su suegro que la violó y le exigía que le regresara los 120 mil pesos que le pagó a sus padres para casarla con su hijo que actualmente trabaja en Estados Unidos.

 

Neil Arias Vitinio, asesora jurídica de Tlachinollan, señaló que hubo varias cosas por las que se determinó que la menor A.M.G. y sus padres no retornaran a Joya Real.

 

Indicó que una de las condiciones que establecieron algunos de los principales y el comisario del pueblo fue que Rutilio Julián Moreno, el suegro de la menor, fuera dejado en libertad del penal de Tlapa.

 

También que los dos policías comunitarios que están bajo reeducación en la casa de justicia en Espino Blanco de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC) salgan libres.

 

«Está bien que regrese la familia de la menor pero también queremos que regrese el suegro y que liberen a los policías comunitarios a la comunidad», dijo el comisario de Joya Real, Félix Vázquez Valdez.

 

La activista, entrevistada vía telefónica, formó parte de la comitiva que acudió este lunes a Joya Real, contó que la mamá y el papá de la menor acudieron a su domicilio y se percataron que la puerta de madera de su casa estaba macheteada.

 

«Los padres de la niña iban contentos porque estaban con la esperanza de retornar a su comunidad pero por las condiciones de riesgo se optó por no permanecer en ese lugar», dijo.

 

La comitiva en la que también iba el Fiscal Especializado en Atención de Pueblos Indígenas, Ramiro Rivera Martínez, salió muy temprano de Tlapa este lunes y retornaron de Joya Real después de las diez de la noche de este mismo día.

 

Neil Arias señaló que durante la reunión, los principales, delegados y comisarios de varios pueblos dijeron estar de acuerdo en frenar los matrimonios forzados entre menores de edad y concientizar a la gente de las consecuencias legales, en caso de que lo hagan.

 

Pero también exigieron que el gobierno debe de atender las necesidades de la población indígena.

 

«Pusieron el ejemplo de que las escuelas de preescolar, primaria y secundara están cerradas en las localidades porque no han ido a dar clases los maestros», expuso Neil Arias.

 

Mencionó que en esa reunión los comisarios dijeron que los padres de familia están muy molestos porque sus hijos no han recibido la beca Benito Juárez que otorga el gobierno federal porque para que se los entreguen tienen que dar una constancia de estudios.

 

«Como van a recibir la constancia escolar si las escuelas están cerradas».

 

Otra de las situaciones de las que se quejaron las autoridades es de que muchos centros de salud de las comunidades están sin funcionar y el número de muertes maternas por falta de atención médica se incrementaron.

 

Al final de la reunión, se firmó una minuta de acuerdos con 13 puntos en donde el alcalde de Cochoapa el Grande, Bernardo Ponce García, se compromete con su cabildo a reunirse con los comisarios para decirles que no permitan los matrimonios forzados con pagos monetarios ya que tiene consecuencias jurídicas.

 

También hay el compromiso del alcalde y de Abel Barrera, director de Tlachinollan, de gestionar obras sociales en Joya Real y que envíen maestros y asignar personal médico y medicamentos para la comunidad.

 

Abel Barrera hará esta petición formal a la gobernadora Evelyn Salgado Pineda.

 

Otro de los acuerdos es de que las autoridades velarán por la seguridad de la familia de la menor y que en caso de que las personas las molesten, amenacen o intimiden se actuará en su contra legalmente.

 

Otro de los puntos de la minuta es de que las autoridades, padres de familia y principales de las comunidades se comprometen a respetar los derechos humanos de las niñas, niños, adolescentes para lo cual no se les obligará a formalizar matrimonios forzados a cambio de dinero.

 

También se comprometieron a evitar encarcelamientos de los padres de familia y que exijan la devolución del dinero o formalicen matrimonios forzados.

 

Esta primera reunión en esta comunidad del municipio de Cochoapa se realiza luego de que en octubre se da a conocer el encarcelamiento de una menor de edad obligada a casarse y después encarcelada por su suegro que la violó en el mes de octubre.

 

En noviembre pasado otra menor de edad también de Joya Real logró fugarse una hora después de que fuera obligada a casarse a cambio de 200 mil pesos que recibirían sus familiares.

 

La menor logró salirse de su casa y se fue a esconder a la casa de un amigo y ambos también fueron encarcelados por la policía comunitaria.

 

Ahora la menor y su amigo están desplazados de su pueblo debido a que sufren el hostigamiento de la gente y de los familiares que pagaron los 200 mil pesos por el matrimonio forzado.

 

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