Con señalamientos de corrupción y nepotismo, magistrados del Poder Judicial nombrará a su presidente (a); la decisión está en Félix y Evelyn

Texto: Jesús Guerrero

Fotografía: Facebook Poder Judical del Estado de Guerrero

17 de noviembre de 2021

Chilpancingo

El Poder Judicial en Guerrero que ha sido cuestionado por actos de corrupción y nepotismo elegirá a su presidente y entre los aspirantes a dirigirlo hay magistrados identificados con Morena.

En sesión ordinaria este jueves 18, los 25 magistrados elegirán a su presidente del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) y al del Consejo de la Judicatura.

Actualmente el presidente del Poder Judicial es el magistrado, Alberto López Celis.

Para suceder a López Celis para el período 2021-2024 están las magistradas Adela Román Ocampo, ex alcaldesa morenista de Acapulco, Indalecia Pacheco León quien también es militante de Morena y que apenas en abril de este año fue nombrada magistrada por el Congreso local a propuesta del entonces gobernador priista Héctor Astudillo Flores.

Indalecia Pacheco y Adela Román al igual que la magistrada Olga Iris Alarcón Nájera se promueven en las redes sociales como aspirantes a presidir el Poder Judicial en Guerrero.

Iris Alarcón es hija del fallecido presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, Juan Alarcón Hernández.

Adela Román Ocampo regresó a ocupar la magistratura del Tribunal el 1 de octubre pasado luego de concluir su período constitucional de alcaldesa de Acapulco y su sucesora y compañera de partido, Abelina López Rodríguez la acusó de haberle heredado obras inconclusas y deudas millonarias.

En la pelea para ocupar la presidencis del Poder Judicial también figura el magistrado Raymundo Casarrubias Gutiérrez, quien milita en las filas del PRD y en el 2008 fue candidato a la alcaldía de Chilapa postulado por este partido político.

María Elena Medina Hernández es otra de las magistradas apuntada para presidir el Poder Judicial.

Medina fue designada magistrada durante el gobierno de Héctor Astudillo Flores y es allegada al actual presidente del Tribunal, Alberto López Celis.

Fuentes del Tribunal señalan que en caso de que no haya acuerdo para la designación del presidente o presidenta, María Elena Medina, podría ocupar este cargo de manera interina.

En el nombramiento del nuevo presidente o presidenta del Poder Judicial también va a influir la decisión de la gobernadora Evelyn Salgado Pineda y su papá el senador Félix Salgado Macedonio.

El ex diputado federal morenista y ex presidente del Colegio de Abogados de Chilpancingo, Rubén Cayetano García, pidió la renuncia de los 25 magistrados y magistradas porque, según él «ninguno tiene la calidad moral para dirigir el Poder Judicial».

«Ninguna de las y los magistrados actuales tienen autoridad moral para representar a ese poder, porque sencilamente han violado los más altos principios de la justicia», expresó Cayetano.

«Todos son cómplices del nepotismo, el tráfico de influencias, los conflictos de interés, las resoluciones por consignas políticas y acoso sexual y laboral, entre lastres que han podrido el sistema de justicia en la entidad», señaló el abogado litigante.

Cayetano recordó que la mayoría de los magistrados del Poder Judicial fueron cómplices de que el Senado de la República no declarara la desaparición de poderes en Guerrero cuando ocurrieron los hechos de Iguala en septiembre del 2014 que desencadenó en la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa.

«Quienes llegaron o después de esa fecha (a una magistratura) fueron elegidos por contubernio entre el Poder Ejecutivo y el Legislativo, la mayoría son políticos, carecen de carrera judicial, pero les sobraron padrinos para encaramarse en el poder», expresó.

Cayetano recordó que hace cinco meses él en su calidad de legislador federal envió una iniciativa de reforma al Poder Judicial al Congreso local que plantea que los magistrados ya no sean propuestos por el gobernador y que de manera automática el Congreso se los apruebe como ocurre actualmente.

«Los magistrados una vez que cumplan con los requisitos de ley deben ser propuestos por la ciudadanía al Congreso y que en su encargo ya no duré 15 años sino ocho, en una primera fase cuatro y otros cuatro vía ratificación», aseveró.

Actualmente la ley del Poder Judicial establece que un magistrado puede durar ocho años y ser ratificados por otros siete años.