Los activistas y dirigentes sociales se pronuncia porque nunca más un fiscal relacionado a delincuentes
Texto: Jesús Guerrero
Fotografía: Oscar Guerrero
16 de noviebre del 2021
Chilpancingo
Integrantes de colectivos de personas desaparecidas y organizaciones sociales acudieron al Congreso local y propusieron al abogado de los padres de los 43 normalistas desaparecidos de Ayotzinapa, Vidulfo Rosales Sierra, para fiscal general de Guerrero.
“Le decimos a la gobernadora Evelyn Salgado Pineda que no imponga un fiscal carnal que esté vinculado con la delincuencia organizada”, dijo el vocero del Consejo de Ejidos y Comunidades Opositoras a la presa la Parota (Cecop), Marco Antonio Suástegui Muñoz.
Los activistas que tienen un familiar desaparecido o asesinado llegaron al Congreso local en donde realizaron un mitin y después pasaron al recinto donde entregaron al presidente de la Junta de Coordinación Política, Alfredo Sánchez Esquivel, un documento con la firma de dirigentes de 75 organizaciones y más de 100 personalidades que proponen a Rosales Sierra como nuevo fiscal.
Con la renuncia del ex fiscal, Jorge Zuriel de los Santos Barrila, a partir de este lunes 15 el vicefiscal Héctor Salvador Calleja Paniagua está como encargado de despacho de la Fiscalía General del Estado (FGE).
Desde el pasado 9, el Congreso local publicó la convocatoria para el registro de aspirantes a ocupar la Fiscalía de Guerrero. El registro de aspirantes se cierra el próximo 25 de noviembre.
El vocero del Cecop le dijo al diputado morenista Alfredo Sánchez Esquivel que no van a permitir que el Congreso local designe como fiscal “a un bandido que tenga vínculos con el narco”.
“Mi hermano Vicente sigue desaparecido desde hace tres meses y siempre he dicho que los responsables son el (ex) fiscal Jorge Zuriel de los Santos y el director de la Policía Ministerial, Esteban Maldonado, quienes están vinculados con la delincuencia organizada”, dijo.
Siguió: “ya no queremos otro fiscal bandido que siempre llegan para robar y dejar en la impunidad los casos de desapariciones, asesinatos”.
Desde hace tres meses Suástegui Muñoz desde hace tres meses ha encabezado acciones de búsqueda de su hermano Vicente Suástegui en el municipio de Acapulco.
Vicente Suástegui Muñoz, quien era integrante de la Policía Comunitaria del ejido de Cacahuatepec, en la zona rural de Acapulco, fue privado de su libertad por presuntos elementos ministeriales cuando conducía su taxi en la colonia de Ciudad Renacimiento, el 5 de agosto pasado.
Antes de ingresar al inmueble del Congreso para hablar con el diputado Alfredo Sánchez Esquivel, los activistas realizaron un mitin fuera de las instalaciones y aquí Marco Antonio Suástegui dijo que el abogado Vidiulfo Rosales aceptó participar en este proceso de elección para la elección del fiscal.
Diana Itzel Acevedo, quien fue candidata a diputada local por Morena en el distrito 25 con sede en Chilapa, y es hija del luchador social Ranferi Acevedo Hernández, asesinado el 14 de octubre del 2017, mencionó que Rosales Sierra cumple con todos los requisitos para ser el fiscal, es una persona honrada y conocedora de los temas que tienen que ver con la procuración de justicia.
“Vidiulfo Rosales es una esperanza para que los que tenemos un familiar desaparecido o asesinado por fin se nos haga justicia”, agregó.
Junto a su padre también asesinaron a su madre Lucía Hernández, a su abuela Juanita Dircio y a Antonio Pineda, quien es considerado muy cercano a su familia. Los cuatro que viajaban en un vehículo en la carretera Ahuacuotzingo-Chilapa, donde fueron interceptados. La camioneta calcinada con los cadáveres dentro fue localizada a la altura de la comunidad de Nejapa. Primero los asesinaron a tiros y después incendiaron el vehículo.
En el lugar también estuvo Gema Antúnez, dirigente del Colectivo de Desaparecidos María Herrera Gama al igual que un grupo de integrantes de Familiares de Personas Desaparecidas y Asesinadas en Chilpancingo, cuya dirigente era Guadalupe Rodríguez Narciso, quien en agosto pasado falleció de Covid-19.
Durante el mitin los manifestantes realizaron un recuento de casos de líderes sociales que desde hace más de una década, en gobiernos del PRI y PRD, fueron asesinados o desaparecidos.
Citaron a Rocío Mesino Mesino, líder de la Organización Campesina de la Sierra del Sur (OCSS) y a su Miguel Ángel Mesino, ambos asesinados. También la desaparición de los ecologistas Eva Alarcón y Marcial Bautista.
Los dirigentes de los colectivos de desaparecidos y asesinados, así como de organizaciones sociale, fueron acompañados por el diputado local de Morena por el distrito 28 de Tlapa, Macedonio Basurto Mendoza, quien también frente al coordinador de su bancada, Alfredo Sánchez Esquivel, dijo que él respalda la propuesta de que Rosales Sierra sea el nuevo fiscal.
Durante el corto diálogo que los simpatizantes de Rosales Sierra tuvieron con el legislador Sánchez Esquive, éste se portó hermético al escuchar a los activistas, víctimas y dirigentes sociales.
–Primero, decirles que el principal interesado no está para que se registre, –replicó Sánchez Esquivel a los solicitantes, en referencia a que Rosales Sierra no estaba en el contingente.
–No, sólo le estamos entregando un documento en donde hacemos la propuesta, –atajó el vocero del Cecop.
–Claro. Como este oficio viene dirigido a la Junta de Coordinación Política del Congreso lo haré llegar a sus demás integrantes y obviamente a mis compañeros de la bancada de Morena, para que lo analicemos, –dijo el legislador.
Según Sánchez Esquivel, en la designación del nuevo fiscal “no habrá línea”.
“Eso esperamos, que actúen los diputados con independencia, porque no vamos a permitir un fiscal carnal, bandido y vinculado a la delincuencia”, reviró Marco Antonio Suástegui.
Se supo que entre los aspirantes podrían estar en la terna final de aspirantes a la FGE el abogado Eduardo López Betancuort, Ramón Almonte Borja y Miguel Ángel Godínez, quienes son allegados al senador Félix Salgado Macedonio y de su hija, la gobernadora Evelyn Salgado Pineda. Hasta el momento ninguno de estos tres posibles aspirantes ha acudido al Congreso para solicitar su registro.
