Su hermano Marco Antonio Suástegui, vocero del CECOP, expone que se confirma colusión entre autoridades y criminales que él denunció
Texto: Beatriz García
Fotografía: Tlachinollan
5 de noviembre del 2021
Chilpancingo
Han pasaron tres meses de que Vicente Suástegui Muñoz, integrante del Consejo de Ejidos y Comunidades Opositoras a la Parota (CECOP), desapareció y las autoridades singuen sin dar resultados de su búsqueda, lo único que se confirmó fue la colusión entre autoridades y delincuentes, razón por la que el ex fiscal Jorge Zuriel de los Santos Barrila renunció, expuso el vocero de la organización y hermano de la víctima, Marco Antonio Suástegui Muñoz.
El 5 de agosto por la noche, hombres armados se llevaron a Vicente, cuando trabajaba en un taxi en el puerto de Acapulco, desde ese entonces se desconoce su paradero. Por la presión de su familia es que realizaron cinco búsquedas por mar y tierra, pero sin hallarlo, de acuerdo con lo que ha denunciado organizaciones sociales que acompañan el caso. Los familiares demandaron se reinicien estas búsquedas.
Este viernes, al cumplirse los tres meses de su desaparición, de manera virtual, integrantes del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, del Colectivo Contra la Tortura y la Impunidad (CCTI) y de la Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos “Todos los Derechos para Todas y Todos” (Red TDT) demandaron a las autoridades resultados de la investigación del caso de Vicente.
El vocero del CECOP, Marco Antonio Suástegui, dijo que el tiempo le dio la razón, cuando denunció que las autoridades estaban coludidas con grupos criminales, que eran cómplices con quienes se llevaron a su hermano y por eso de la lentitud en las investigaciones.
Hizo énfasis en la renuncia del ex fiscal Jorge Zuriel de los Santos Barila, luego de que se difundieran imágenes donde estuvo reunido con integrantes de un grupo criminal. “Desde un principio señalé que este fiscal era narco policía, ligado al crimen organizado. Muchas veces me pidieron pruebas, me dijeron que estaba loco y el tiempo me dio la razón”, expresó.
En un texto publicado el 15 de septiembre en Amapola. Periodismo transgresor, Marco Antonio Suástegui declaró que en una de las búsquedas que se hizo por su hermano, un comandante le dijo que tenían la indicación de no tocar a la “guardia comunitaria” de la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero (UPOEG), a quienes señala de ser un grupo criminal que desaparece y asesina, y de haberse llevado a Vicente.
Mencionó que su hermano es pieza fundamental del movimiento del CECOP, y que fue testigo de cinco “ejecuciones extrajudiciales”, es decir, asesinatos perpetradas por policías.
Insistió que sólo hay dos detenidos del caso de su hermano, pero que faltan cinco órdenes de aprehensión por hacerse efectivas. Mencionó que los detenidos declararon a quién le entregaron a Vicente y detalles sobre la desaparición, pero las autoridades no actuaron.
Cuestionó si con la nueva gobernador, Evelyn Salgado Pineda, la nueva alcaldesa de Acapulco, Abelina López Rodríguez, ambas morenistas y parte de la 4T que impulsa el presidente Andrés Manuel López Obrador, permitirán que el caso de su hermano quede impune como lo permitió el anterior gobernador, el priista Héctor Astudillo Flores.
“¡No queremos venganza, queremos justicia!”, exclamó el hermano de Vicente.
Pidió de manera pública a la gobernadora para que nombre a un fiscal con el perfil que Guerreo necesita y no que sean “mañosos, corruptos, bandidos, ligados al crimen organizado”.
El director de Tlachinollan, Abel Barrera Hernández, argumentó que es necesaria una depuración en la Fiscalía General del Estado (FGE) y “mayor voluntad” de parte de la gobernadora, autoridades federales, y también de los diputados locales para designar a un o una fiscal comprometido.
También expuso que están en espera de las medidas cautelares por parte de instancias internacionales para la familia de los hermanos Suástegui Muñoz.
El abogado Tlachinollan encargado del caso, Isidoro Vicario Aguilar, dijo que el caso sigue igual: se tienen ubicadas a las cinco personas con órdenes de aprehensión pero siguen sin detenidas. Uno de ellos, considerado pieza clave del caso, es Baltazar Cardona Clavel, quien fue asesinado el 17 de agosto.
Para el representante de la Red TDT, Víctor Hugo López Rodríguez, la desaparición de Vicente no es caso aislado, no es una desaparición más en Acapulco, es el ataque hacia una organización defensora de la tierra, el territorio y los derechos humanos, entonces, dijo, se trata de una persecución hacia defensores comunitarios.
El representante en Guerrero del CCTI, Raymundo Díaz Taboada, insistió que no se dejará de un lado la presentación con vida de Vicente y la necesidad de renovar las búsquedas.
