La presidenta de la Asociación Guerrerense contra la Violencia hacia las Mujeres celebra la decisión de ministros sobre la despenalización del aborto, pero se queja de que gobierno de Astudillo no hizo nada ante las alertas de violencia de género
Texto: Beatriz García
Fotografía: Isabel Velázquez / Archivo
14 de septiembre
Chilpancingo
La declaratoria en la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) por la inconstitucionalidad de la penalización del aborto crea un precedente en el país y, por ende, en Guerrero, donde hay una lucha por la despenalización del aborto, además de una Alerta de Violencia de Género (AVG) por agravio comparado.
Esta alerta garantizaría la interrupción del embarazo producto de una violación sin que las mujeres sean criminalizadas, pero sigue sin ser una garantía para las víctimas, denunció la presidenta de la Asociación Guerrerense contra la Violencia hacia las Mujeres, Marina Reyna Aguilar.
El 7 de septiembre, los ministros de la Suprema Corte declararon inconstitucional la penalización del aborto, lo que significa que ninguna jueza o juez podrá encarcelar a quien decida abortar.
En Guerrero, activistas, feministas, defensoras de derechos humanos y víctimas llevan un camino recorrido en la lucha por los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres.
El 22 de junio del 2017, por el trabajo e insistencia de un grupo de activistas feministas, la Secretaría de Gobernación declaró en Guerrero la primera AVG ante el incremento de feminicidios en el estado. El 5 de junio del 2020 se declaró la segunda alerta, porque otra vez las activistas probaron una grave discriminación contra las mujeres y una negación a los servicios especializados de salud.
Esta segunda AVG fue por agravio comparado y fue concedida después del incumplimiento del estado, porque no demostrar avances en la protección de la vida, integridad y seguridad de las mujeres, niñas y adolescentes guerrerenses, de acuerdo con un comunicado que emitieron diversas organizaciones feministas gestoras de la alerta.
Uno de estos incumplimientos fue por parte de la Secretaría de Salud, por ejemplo, no proporcionó información sobre los avisos a la Fiscalía General de Estado (FGE) de mujeres que buscaban interrumpir el embarazo por violencia sexual y familiar. Del 2016 al 2019 sólo documentaron 26 interrupciones de embarazo bajo la NOM 046, lo que evidencia que la Secretaría no daba atención, explicaron las organizaciones.
Con estas dos alertas que aceptó el gobierno estatal que encabeza Héctor Astudillo Flores, la administración se responsabilizaba de una serie de acciones para erradicar la violencia contra las mujeres.
La presidenta de la Asociación Guerrerense contra la Violencia hacia las Mujeres fue una de las que solicitó la declaratoria de esta alerta y quien ha dado seguimiento a que las autoridades cumplan con su palabra. Desde entonces ha señalado lo que las autoridades están obligadas a hacer y lo que no hacen.
Reyna Aguilar recordó que el tema de la interrupción legal del embarazo en el estado se ha abordado desde antes de la declaratoria y que hay normativas, como la Norma Oficial Mexicana 046-SSA2-2005 Violencia familiar, sexual y contra las mujeres, que está asociada al derecho que tienen las mujeres de interrumpir un embarazo producto de una violación.
“Pero resulta que estamos hablando de un proceso que tiene que llevar el estado o una recomendación que viene desde la primera alerta: garantizar este derecho a las mujeres que han sido víctimas de violencia sexual. Hoy vemos con tristeza que Guerrero no se ha aplicado en ese sentido y que seguimos igual o peor”, expresó la activista.
Recordó que le ha tocado acompañar a víctimas de violencia sexual y se ha dado cuenta que sólo queda en un dicho el ejercicio pleno de los derechos de las mujeres.
Consideró que la determinación de la Suprema Corte es un ordenamiento mayor que haría que los servidores públicos, en especial los de la Secretaría de Salud, garanticen el derecho de las mujeres a interrumpir su embarazo.
“El problema es que la Secretaría de Salud no está garantizando el pleno ejercicio del derecho de las mujeres a la interrupción de un embarazo producto de una violación. Entonces por un lado hay una segunda alerta, que una de las medidas es que se modifique el código penal. No se ha modificado”, explicó.
Como activista, dijo, les toca vigilar que las instancias garanticen ese derecho a las mujeres.
Ahora, dijo, lo que se requiere es que a nivel nacional se puntualicen los elementos a homologar en el estado. Anticipó la probabilidad de que legisladores locales se opongan a hacer valer los derechos de las mujeres en situación de violencia.
Pero a “todos estos avances legislativos a nivel nacional están obligados a dar cumplimiento. Falta mucho de capacitación y sensibilización al personal que está en los espacios de procuración y administración de la justicia”.
