Texto: Beatriz García y Amapola Periodismo
Fotografía: Oscar Guerrero
31 de agosto del 2021
Chilpancingo
Es la tarde del 25 de noviembre del 2020, y Lupita, junto a sus compañeros del Colectivo de Familiares de Desaparecidos del Estado de Guerrero y el País y efectivos de la Guardia Nacional descienden del Cerro El Veladero, de Acapulco, después de una exhausta búsqueda en fosas clandestinas.
De pronto, camionetas de policías ministeriales y estatales les cierran el paso y les toman fotografías y videos. Lupita les reclama: “¡No somos criminales… nosotros buscamos a nuestros familiares desaparecidos!”.
La escena anterior que representa parte de las consecuencias que viven familiares de desaparecidos y asesinados en México encargados de las búsquedas ante la inacción institucional, la describió la propia Guadalupe Rodríguez Narciso el 7 de julio pasado, con la intención de documentar su trabajo por los desaparecidos, como parte del contexto del Día Internacional de las Víctimas de Desaparición Forzada, conmemorado ayer.
El viernes 27 de agosto por la noche, Lupita, como la llamaban de cariño, murió a causa del virus SARS-Cov-2; estuvo hospitalizada desde el 9 de agosto en el Hospital Covid-19 de Iguala.
La vida de la abogada cambió para siempre desde hace siete años. La desaparición de su hijo Josué Molina Rodríguez, ocurrida el 4 de junio del 2014, lo transformó todo. A raíz de su lucha por hallarlo la convirtieron en la portavoz de familiares de desaparecidos y asesinados en Guerrero.
Lupita es una de las cientos de madres en el país que se volvieron líderes, porque asumieron una responsabilidad que le toca al Estado: buscar a sus desaparecidos y la justicia por los asesinados.
En un análisis sobre la situación de los derechos humanos de las personas desaparecidas y no localizadas, la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) señala que: “la desaparición de personas, desafía y cuestiona las capacidades y recursos de las autoridades gubernamentales para dar respuesta a una situación que, con el paso del tiempo, se ha convertido en un obstáculo que impide la consolidación de una cultura sustentada en la observancia de los derechos humanos”.
Este texto busca visibilizar y mostrar a Lupita en sus siete años de búsqueda junto a otros familiares de desaparecidos frente a la impunidad.
El comienzo del camino
A las cuatro de la tarde del 4 de junio del 2014, Josué salió de su casa para llevar a su esposa a la escuela, estudiaba en el Instituto Tecnológico de Chilpancingo, a donde llegaron veinte minutos después.
Instantes después de eso, Josué recibió una llamada en su celular. De acuerdo con la investigación que hizo la madre de Josué, Guadalupe Rodriguez Narciso, la llamada salió de la Escuela Secundaria Técnica 30 de la capital, ubicada en la colonia Alianza Popular, al sureste de la ciudad.
A las 4:45 existe el reporte en las autoridades policiacas que fuera de la secundaria, tres hombres armados se llevaban a un joven en un Jetta negro. El vehículo del hijo de Lupita.
En su despacho, Lupita concedió una entrevista a Amapola. Periodismo transgresor a mediados de julio, antes de que enfermara. Habló de Josué, el hijo que la movió a luchar por él y otros desaparecidos.
“Sólo dios sabe por qué lo hizo, si mi hijo no hubiera desaparecido no hubiera ayudado a tantas familias”, dijo.
Sobre la mesa y el escritorio hay pilas de carpetas amarillos con copias de documentos y formatos. Ese día Lupita alistaba los documentos porque al siguiente viajaría a la Ciudad de México a realizar trámites de familiares de desaparecidos. Acudiría al Registro Nacional de Víctimas (Renavi), a la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV) para revisar declaraciones, demandas y situación jurídica de algunos casos de asesinados y desaparecidos.
Lupita conocía todo el trámite.
Después de que desapareció Josué acudía todos los días al Ministerio Público y a la delegación de la entonces Procuraduría General de la República (PGR), ahora Fiscalía General de la República (FGR), en busca de noticias sobre su paradero. Ahí se dio cuenta que muchas familias vivían su misma situación.
Por su profesión conocía el ámbito legal. Se dio cuenta que había personas a quienes ni siquiera les tomaban la denuncia, y regresaban una y otra vez a las oficinas para una serie papeleo, a la par que recibían mala información y malos tratos.
En ese 2014, después de varios meses de dar vueltas a las oficinas de la FGR en espera de una respuesta que nunca llegó, Lupita hizo amistad con otras familias y supieron del Taller de Desarrollo Comunitario (Tadeco), una organización que ayudaba a familiares de desaparecidos y se sumaron.
Por su astucia, capacidad de dialogar y resolver conflictos, compartieron otros integrantes del colectivo, Lupita se ganó la confianza de otras víctimas, quienes la siguieron cuando decidió dejar Tadeco para comenzar las búsquedas por su cuenta.
“Íbamos a la radio a solicitar una piñata (para hacerles posadas a los niños víctimas), dulces y ahí es donde daba mi teléfono, mi domicilio, para decirles que podían ingresar a nuestro colectivo para luchar juntos”, relató la abogada.
Su colectivo alberga ahora a poco más de 500 familiares víctimas de desaparecidos y asesinados desde el año 2000 en diferentes partes del estado.
“Les pedía sus datos para integrarlas, primero no teníamos grupo de WatsApp, cuando iniciamos todavía no había eso, yo les tenía que marcar y hablar por teléfono, a todas les tenía que avisar, o por mensajes, entonces así se fue consolidando el colectivo, y de ahí algunas personas también me las mandaban de la Fiscalía del estado”, narró.
Lupita no paró en enviar escritos a los gobernadores en turno. Ese día recordó que el ex gobernador Ángel Aguirre Rivero y ex procurador Iñaki Blanco nunca los recibió.
Fue en 2015 que a su grupo lo nombraron Colectivo de Familiares de Desaparecidos del Estado de Guerrero y el País.
Estas imágenes corresponden al día 7 de julio, día de la entrevista con Lupita Rodríguez Narciso.El terreno impere sinuoso para los buscadores
Guadalupe sale de la Fiscalía y un hombre con una mochila colgada en el pecho la sigue. Ella piensa: “¡Me quiere matar!”, pero no muestra miedo, y decide internarse en la vía rápida de la Autopista del Sol. Decide rápido que si habría de morir, que sea arrollada por los autos, pero frente a ella se para un taxi y el chofer le grita: “¡Súbase doña!”. Se sube.
El chofer se dio cuenta que el hombre la seguía y le contó que él lo vio cuando metió su mano a la mochila, como intentando sacar algo, quizá una arma.
Ella suelta el llanto y exclama: “¡Dios me manda a sus ángeles para protegerme, él sabe que no estoy haciendo nada malo, yo estoy buscando a mi hijo y le ayudo a otras madres a buscar sus hijos!”.
Ese día de la entrevista, Lupita dijo que le daba coraje hacerle el trabajo a las autoridades, que son quienes debían buscar a sus familiares y no sólo llenar las sillas de los escritorios en las oficinas.
En diversas ocasiones, Lupita y los familiares de este colectivo también se enfrentaron a otros escenarios violentos, como cuando se plantaron en oficinas de dependencias federales y los desalojaron de manera violenta.
En una protesta en el periodo del ex presidente Enrique Peña Nieto (2012-2018), con el titular de la entonces PGR, Jesús Murillo Karam, policías antimotines los rodearon y golpearon miembros del colectivo.
La persistencia
Las búsquedas de los desaparecidos por parte de las autoridades no existían, tampoco la Comisión Nacional de Búsqueda (CNB) ni la Comisión Estatal de Búsqueda. Lupita está segura que las instituciones las crearon a raíz de la exigencia de los colectivos.
De acuerdo a lo que está publicado en la página web del gobierno federal, fue hasta el 12 de octubre del 2017 que la Cámara de Diputados aprobó la Ley General de Desaparición Forzada de Personas, Desaparición cometida por Particulares y del Sistema de Búsqueda de Personas. Luego se determinó crear la CNB y las comisiones locales. El 7 de marzo de 2018 rindió protesta el primer comisionado, Roberto Cabrera Alfaro.
En ese 2015, la denuncia de Lupita por la desaparición de su hijo se integró en la Unidad de Búsqueda de Personas de la PGR, desde ese momento solicitó ante estas autoridades la investigación y las búsquedas, no sólo de su hijo, si no de los familiares de sus compañeros y compañeras de colectivo.
Al año siguiente, en el 2016, estaba de titular de la Fiscalía Especializada de Búsqueda de Personas Desaparecidas, Eréndira Cruzvillegas Fuentes. Lupita recordó que fue tajantemente con ella al decirle que en esa Fiscalía no se hacía investigación. “Aquí se hacen puras búsquedas, pero, pues, no hay para ti, porque yo siempre estaba insistiendo, exigiendo y para ella era una molestia”, recordó que le contestó la funcionaria.
Pero el trabajo de Lupita siguió. Recabó información de sobre desaparecidos que estaban vivos, pero retenidos por otras personas. Las autoridades nunca la escucharon y creyeron en esa posibilidad, y otra vez vivieron las consecuencias de estar solos en este: uno de sus compañeros del colectivo fue desaparecido después que denunció estos hechos.
Sin la intervención del gobierno del estado, la federación otorgó la primera búsqueda liderada por los familiares del colectivo en el 2019.
Sus 62 años, la diabetes e hipertensión que le detectaron antes de la desaparición de su hijo, no fueron impedimento para Lupita. Desde entonces bajaba barrancas, escalaba cerros y caminaba por lugares pedregosos y con maleza en busca de fosas.
Ella y sus compañeros se volvieron un espacie de expertos en búsquedas. Lupita no faltó a ninguna de las más de 10 jornadas que realizaron; la última la realizaron del 14 al 23 de julio. Y si faltaba era porque debía ir a hacer trámites en las diferentes dependencias federales para otros familiares.
Al hablar de la primera búsqueda, Lupita se conmueve, se le humedecen los ojos. “Fue un triunfo tener la oportunidad de buscar a los desaparecidos, es una esperanza para encontrarlos, un trabajo que debería de hacer el Estado”, comentó ese día.
El colectivo localizó más de 100 restos óseos y cadáveres en todas las jornadas de búsqueda, pero el trabajo todavía esta incompleto, los peritos forenses o el Estado debe hacer las confrontas con el ADN de los familiares de desaparecidos para posibles identificaciones. Hasta ahora han identificado a tres desaparecidos.
Buscar hasta el último aliento
En julio pasado fue la última jornada de búsqueda de desaparecidos en fosas clandestinas en la que participó Lupita. Durante esas búsquedas, que ocurrieron en Acapulco y Leonardo Bravo, una bacteria se alojó en un pulmón de Lupita, contó su compañera Gema Antúnez Flores, integrantes del Colectivo Familiares en Búsqueda María Herrera.
Gema también se convirtió en activista después de la desaparición de su hijo, Sebastián García Antúnez, de 22 años, desaparecido en Chilpancingo el 27 de febrero del 2011. Ella, al igual que Lupita, tampoco paró en pandemia para exigir justicia por los desaparecidos.
El 7 y 8 de agosto, ambas acudieron a la Ciudad de México a reuniones en al Comisión Nacional de Atención a Víctimas (Conavim), la Comisión Nacional de Derechos Humano (CNDH), y antes a la FGR y en la Secretaría de Gobernación (Segob).
En esas reuniones Lupita se sintió mal y se fue directo al médico, pero pensó que era la bacteria alojada en su pulmón de la que ya se recuperaba. Le hicieron la prueba y dio positivo a Covid-19.
Gema y otros integrantes del colectivo también se contagiaron, pero algunos ya se recuperaron y otros aún se recuperan.
A Lupita la hospitalizaron el 9 de agosto y después la intubaron.
“Le puedo decir las mil maravillas de la señora, porque para mí siempre fue una persona que daba todo a cambio que las familias estuvieran bien. Yo le puedo decir que era una persona que les transmitía seguridad, paz y ha sido una guerrera, y Dios permita siga adelante porque sería una gran pérdida por todos nosotros”, dijo Gema dos horas antes de que se conociera sobre la muerte de Lupita.
Su muerte ocurrió el viernes 27 de agosto, tres días antes del Día Internacional de las Víctimas de Desaparición Forzada.
