Texto: Beatriz García
Fotografía: Isabel Briseño / Pie de Página
12 de mayo del 2021
Chilpancingo
Durante la Misión de Observación que realizaron organizaciones nacionales e internacionales en la Montaña alta de Guerrero dieron cuenta de las distintas violencias que vive la población, en los defensores de derechos humanos y en los periodistas. Entre las violencias destacadas son la feminicida, la sexual, la falta de procuración de justicia, la falta de atención integral a casos de desaparición, la intimidación y las amenazas.
En una conferencia virtual, transmitida vía Facebook de la cuenta oficial del Centro de Derechos Humano de la Montaña Tlachinollan, integrantes de las organizaciones que llevaron a cabo la Misión de Observación, en compañía del director del organismo, Abel Barrera Hernández y del abogado Vidulfo Rosales Sierra, difundiera estos resultados.
En su participación, la integrante de la organización Servicios y Asesoría para la Paz (Serapaz), Paola Pacheco, dijo que es preocupante la falta de atención integral en los casos de desaparición que hay en la Montaña de Guerrero.
Solicitó a las autoridades federales, estatales y municipales una serie de demandas: realizar investigaciones imparciales y efectivas donde se sancione a los responsables, la realización de procesos de verificación forense de los cadáveres, la garantía de seguridad para los familiares que buscan a sus desaparecidos en terreno, como la participación de autoridades federales, entre ellas la Guardia Nacional y la Comisión Nacional de Búsqueda.
También la garantía condiciones de seguridad para las familias que han denunciado casos de desaparición de sus familiares y que se organizan desde el Colectivo Luciérnaga, con sede en la Montaña alta.
En representación de la Red Todos los Derechos para Todos y Todas, María Mendoza mencionó que la violencia feminicida se documentó como grave, y que se agudizó en la pandemia.
Consideró que existe la lejanía física de las instituciones para que las familias indígenas interponga denuncias o pidan asesorías lo que genera la falta de atención. De igual manera, dijo, en la búsqueda de acceso a la justicia por los “innumerables” obstáculos y deficiencias en las instituciones de procuración y administración de justicia.
La representante destacó la falta de voluntad de las autoridades que terminan revictimizando a las víctimas, y la falta de implementación de protocolos en materia de perspectiva de género y de un enfoque intercultural en las instancias de procuración de justicia para atender la creciente situación de violencia. También mencionó la necesidad de médicos legistas, de un servicio forense ministerial e intérpretes.
Sobre la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas de Guerrero expuso que no ha garantizado el derecho de las víctimas para ser atendidas y escuchadas.
Hizo un llamado a las autoridades para que se otorguen esas condiciones de seguridad, y así las víctimas y familiares puedan emprender la defensa y búsqueda de justicia.
Durante esta misión también se constató las limitaciones que presentan los defensores de derechos humanos y periodistas para ejercer su labor. Destacaron los actos de intimidación, hostigamiento, vigilancia, amenazas, ataques a la integridad física, incluso, campañas de desprestigio. Los principales agresores son agentes del Estado.
Ante esto las organizaciones demandaron a quienes ejercen las violencias contra los defensores y periodistas abstenerse de generar discursos de reconocimiento a la labor, y que se impulsen las actividades penales y administrativas correspondientes.
También constataron que las autoridades no han cumplido con su obligación para generar condiciones en términos de coordinación y atención a personas defensoras y periodistas. Situación que también se agravó en la pandemia.
Hicieron un llamado a las autoridades de los tres nivele para generar acciones de reconocimiento y visibilidad de la labor de defensores y periodistas, reconociendo su labor para el fortalecimiento de la democracia y la satisfacción de los derechos humanos de la población en general. También para que se abstengan a generar acciones que atenten contra la vida e integridad, que incluye evitar discursos que estigmaticen o desprestigien.
En representación del Centro de Análisis e Investigación Fundar, Ángel Ruiz dijo que hay una colusión entre criminales y el Estado, lo que motiva el clima de impunidad.
Las instituciones, mencionó, no sólo son omisas o no investigan, si no que también funciona como filtros de políticos y son utilizados por otras estructuras como los criminales, para amedrentar y victimizar a las víctimas.
La integrante de Brigadas Internacionales de Paz, Lena Weber, recordó a las autoridades que tiene la obligación de garantizar los derechos humanos no solamente reconocido por las leyes mexicanas si no por los tratados internacionales.
El Estado, puntualizó, tiene la obligación de prevenir, investigar, de sancionar y de reparar violaciones de derechos humanos, porque sólo así pueden garantizar de forma integral la protección de personas defensoras y víctimas de violaciones de derechos humanos, garantizando su integridad psico-emocional.
Como respuesta ante lo expuesto por los que integran las organizaciones, el también abogado de los padres de los 43 normalistas desaparecidos, Vidulfo Rosales Sierra, expuso que los resultados demuestran las acciones delincuenciales en región Montaña en un contexto de macrocriminalidad, donde hay colusión de las autoridades estatales con los grupos que delinquen y que por eso en las investigaciones hay dilaciones. Las autoridades que investigan tienen pacto con grupos delincuenciales, aclaró.
Solicitó a las organizaciones sociales continuar dándole visibilidad al dolor de las mujeres, las agresiones a defensores y periodistas en la Montaña.
También solicitó a los integrantes de las organizaciones buscar un diálogo con las autoridades del gobierno del estado, para informar lo que documentaron en esta misión.
Lamentó que el gobierno federal tenga otras prioridades y no le interese la población na savi y me’phaa de la Montaña o quizá, agregó, los vea desde un asunto político, pero este caso, puntualizó, es de derechos humanos.
