Texto: Beatriz García
Fotografía:
05 de abril del 2021
Chilpancingo
Carlos Márquez Oyorzábal, el comisario municipal de Las Conchitas, municipio de San Miguel Totolapan, se armó junto a otros habitantes de la comunidad, ante la necesidad de proteger sus bosques por la tala clandestina que hacían hombres armados. Al comisario lo asesinaron el sábado en plena lucha por la defensa de sus bosques.
Él se suma a una lista de defensores de los bosques asesinados y desaparecidos en Guerrero. El 28 de noviembre del 2012, por ejemplo, mataron a la dirigente de la Organización de Campesinos Ecologistas de la Sierra de Petatlán y Coyuca de Catalán (Ocespcc), Juventina Villa Mojica, y a su hijo Reynado Santana; los emboscaron cuando bajaban en una cuatrimoto de la parte alta de la sierra de Coyuca de Catalán.
El asesinato del comisario fue similar. Circulaba en una cuatrimoto– transporte común en la Sierra –cuando fue interceptado por hombres armados. Esos mismos hombres se lo llevaron a la Comisaría Ejidal y lo mataron y desmembraron frente a sus familiares, de acuerdo con lo que reconstruyeron algunos medios de comunicación.
Se intentó tener comunicación con los integrantes del Observatorio para la Paz y Desarrollo de la Sierra, quienes fueron los primeros en informar los hechos, pero ante la complicada cobertura telefónica fue imposible.
Este hecho causó indignación. En el país y en el estado parece un patrón este destino contra quienes deciden defender los recursos naturales, según evaluaron los integrantes del Centro Regional de Defensa de Derechos Humanos José María Morelos y Pavón.
Los integrantes de la organización señalaron que el asesinato del guardabosques Carlos Márquez Oyorzábal es una clara intención de acabar con todos los que encabecen esta defensa.
Este lunes, los integrantes del Centro Morelos, quienes acompañan a desplazados por la violencia en la sierra de Coyuca de Catalán que viven contextos similares se pronunciaron.
“El 4 de febrero, el Centro Morelos había lanzado una alerta manifestando su preocupación, porque era eminente que se avecinaba una situación de extrema violencia ante la decisión de varias comunidades de no seguir permitiendo la explotación de los bosques, pues, la tolerancia y complicidad del gobierno federal y estatal con los grupos paramilitares que tratan de consolidar su control territorial es muy clara”, se lee en el documento a nombre de la organización.
Los defensores de derechos humanos reiteraron su preocupación por el crimen. Aseguraron que existe la clara intención de acabar con todos los que encabezan esta lucha en diferentes comunidades.
Exigieron que el Mecanismo de Protección a Periodistas, Defensoras y Defensores de Derechos Humanos otorgue las medidas de seguridad extremas a esos defensores, de lo contrario, cargarán con la culpa de los crímenes que se susciten.
Para los que integran el Centro Morelos es irónico exigir a las autoridades gubernamentales justicia para Carlos, porque saben que son los principales culpables de su destino, ya sea por acción u omisión.
Incluso si hay más crímenes y no se detiene la irracional explotación de los bosques nuevamente serán las autoridades las responsables.
“Hacemos un llamado a todas las comunidades barrios y colonias del campo y la ciudad a fortalecer un frente en contra de quienes están afectando nuestros derechos humanos a un medio ambiente sano, al agua, al oxígeno. Y a los candidatos a los diferentes puestos de elección popular a que dejen la simulación, la hipocresía y el cinismo y se pronuncien en torno a los temas estructurales de fondo”, pronunciaron.
Hasta esta tarde ninguna autoridad de los tres niveles de gobierno se pronunció sobre este crimen.
Otro lucha reciente que documentó Amapola. Periodismo transgresor y que involucra a defensores de los bosques es la de la parte alta de Jaleaca de Catalán, municipio de Chilpancingo. El que el 27 de febrero, el comisario Antonio Arcos Fuentes denunció que hombres irrumpieron en la comunidad, desarmaron a los miembros de la Policía Rural y los golpearon e hirieron con arma de fuego a una anciana, como consecuencia de hacer extensiva su denuncia de tala de bosques.
Para el 4 de febrero, unos 500 habitantes de Jaleaca marcharon junto con el comisario en la ciudad de Chilpancingo, para exigir cese a la tala inmoderada que ha provocando sequía de los vertederos de agua.
