Los gobiernos estatales activaron 32 acciones o programas dirigidos a mujeres, pero sólo siete de atención específica a la violencia de género; 5 en específico para indígenas, y 2 para personas con discapacidad.
Texto: Samedi Aguirre / Animal Político
Fotografía: José Luis de la Cruz
11 de febrero del 2021
Personas con discapacidad, migrantes, mujeres e indígenas no fueron prioridad de gobiernos estatales ni del federal para apoyarles con programas o acciones focalizadas, al menos en la primera etapa de la emergencia sanitaria por COVID. Esto, a pesar de que forman parte de los grupos más vulnerables.
“Son quienes tienen un mayor riesgo de sufrir devastadoras pérdidas por la COVID-19”, alertó desde marzo del año pasado la Organización de las Naciones Unidas (ONU), y pidió a los gobiernos “trabajar para que no queden atrás”, ante las afectaciones económicas y sanitarias.
A nivel federal, Coneval identificó 34 acciones de apoyo para grupos “históricamente discriminados”, desde el inicio de la epidemia en México y hasta julio, de las cuales 9 se enfocaron en grupos indígenas, sin embargo “poco menos de la mitad de la atención gubernamental brindada a la población indígena se asocia a la asistencia social, principalmente, mediante apoyo alimentario. En contraste, solo existe una intervención vinculada con el área de atención a la salud”.
Solo se registraron 3 intervenciones federales en apoyo a mujeres, y solo 2 para personas con discapacidad. Al respecto, Coneval refirió que “los datos muestran que la atención a estos grupos es limitada; por lo cual es importante redoblar esfuerzos en su atención, sobre todo, en el contexto actual”.
De marzo a agosto del 2020, que es el periodo que analizó el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval) en el caso de los gobiernos estatales, estos activaron 32 acciones o programas dirigidos a mujeres, pero sólo siete de atención específica a víctimas de violencia de género, y las mismas concentradas en sólo cuatro estados, Morelos, Nuevo León, Oaxaca y Quintana Roo.
De 667 acciones estatales, sólo se activaron 5 en específico para indígenas, y 2 para personas con discapacidad. En tanto, 201 fueron dirigidas a la población en general.
Personas con discapacidad
En México hay 20 millones 838 mil 108 personas con discapacidad, limitación en la actividad cotidiana o con algún problema o condición mental, lo que representa el 16% de la población, según el último Censo del Inegi y el análisis que hizo la organización Yo También.
De acuerdo con la base pública que realizó Coneval, para el periodo de marzo a agosto, solo hubo dos programas a nivel estatal dirigidos en específico a personas con discapacidad, ante la pandemia.
Coneval explicó a Animal Político que “analizó la información de cada programa y acción para identificar aquellos claramente están orientados a poblaciones con discapacidad”, por ejemplo.
En este caso, uno de los programas se ejecutó en Baja California, y de acuerdo con la descripción consistió en la “entrega de despensas y en su caso medicamentos en las casas de las personas con discapacidad motriz”. El otro programa se llevó a cabo en en Baja California Sur y se trató de la “entrega de apoyos monetarios”.
A nivel federal, se entregaron las ya existentes “pensiones para el Bienestar de Personas con Discapacidad”, que solo reciben 805 mil personas, según informó en octubre la Subsecretaria de Bienestar, Ariadna Montiel Reyes.
Dicho programa de apoyo fue mal calificado en noviembre pasado en el Índice de Desempeño de Programas Públicos Federales (INDEP) que cada año publica la GESOC, Agencia para el Desarrollo, al considerar que “presenta condiciones de bajo nivel de cobertura de su población potencialmente beneficiaria, así como valores bajos de calidad en su diseño y avances mediocres en su cumplimiento de metas”.
Además Coneval registró como programa a nivel federal para personas con discapacidad ante la pandemia el de Abasto Social de Leche a cargo de Liconsa, S.A. de C.V., aunque este también considera como beneficiarios a niños, niñas y adolescentes, mujeres y adultos mayores.
Indígenas
En México, la población en hogares indígenas asciende a 11 millones 800 mil 247 habitantes, según el Inegi. Es precisamente la población indígena el grupo poblacional que presenta los porcentajes más altos de pobreza y pobreza extrema, según el informe de Coneval.
De todas las personas que se encuentran en situación de pobreza, 69.5% pertenecen a la población indígena. Mientras que el 27.9% de quienes están en pobreza extrema también son indígenas.
A nivel federal, el Consejo identificó 9 acciones de apoyo a indígenas, hasta julio del año pasado, entre las que ubicó los recursos que se entregan con el programa La Escuela es Nuestra, los precios de garantía y canasta básica, el programa de microcréditos para el Bienestar y el programa de vivienda social de Sedatu.
El Coneval sólo encontró 5 programas o acciones estatales dirigidas a población indígena, para encarar la pandemia, de marzo a agosto.
En Chiapas, se creó el programa “Ambulancias para reforzar acciones de salud en municipios indígenas”; en la Ciudad de México, se implementó el “Apoyo emergente a artesanos indígenas”; mientras que en Morelos se consolidó el “Programa Estatal de Atención a Comunidades y Municipios Indígenas”.
En Sinaloa se implementó el “Programa apoyo a comunidades indígenas”, y en Chihuahua uno de “Atención de Población Indígena”.
En el Visor Geoespacial de la Pobreza y la COVID-19, hasta el 31 de enero en el 86% de los 623 municipios indígenas que hay en México se habían identificado casos de COVID-19.
El mayor número de contagios se registró hasta ese momento en Valladolid, Yucatán (2,229); mientras que en Papantla, Veracruz, se contabilizaba el mayor número de defunciones por esta causa, con 133.
Sin embargo, una investigación de Data Crítica para Quinto Elemento Lab —publicada en Animal Político— encontró que entre marzo y septiembre México subregistró más de 9 mil casos de indígenas con COVID-19
También detectaron que la letalidad de COVID-19 para indígenas era 50% mayor que para el resto de la población, tomando en cuenta el promedio nacional.
Mujeres
El análisis del Coneval detectó 32 programas y acciones sociales estatales dirigidos a mujeres. Por ejemplo, en Zacatecas se creó el “Programa UNE Crece Empoderamiento Social”, para beneficiar a “Mujeres beneficiarias de programas ordinarios de la SEDESOL”.
En Campeche se ajustó el programa “Mujer crece”; también se ajustó el “Seguro para la autonomía de las mujeres” en Guanajuato, dirigido a “Mujeres en situación de alta vulnerabilidad y/o violencia”.
Otro de los programas enlistados por el Coneval es el “Salario Rosa” que otorga el Estado de México, en 8 diferentes categorías que van desde la educación hasta el campo.
A pesar de su implementación, según el Consejo, “principalmente fueron las mujeres quienes salieron del mercado laboral durante la pandemia (2.2 millones de mujeres)”.
Además de las pérdidas económicas debido a la reducción de empleos por el confinamiento, la mujeres también se enfrentaron al aumento de la violencia dentro de sus hogares.
El año pasado, con la pandemia y el llamado al confinamiento, la Red Nacional de Refugios (RNR) atendió a 46,514 personas, un incremento del 39% respecto al 2019. Sus acciones de rescate o apoyo aumentaron un 300%.
“Al intentar acceder a la justicia y seguridad, 2 de cada 12 mujeres que solicitaron acompañamiento a la RNR ya habían pedido apoyo a una instancia gubernamental pero no recibieron la atención esperada. Muestra clara de la revictimización y la falta de estrategias articuladas”, apuntó la RNR.
“A pesar de la pandemia, la violencia contra las mujeres no ha desistido. Por el contrario: los asesinatos y las llamadas de auxilio, han aumentado. Y, a pesar de ello, las medidas del Estado no han estado a la altura de su encomienda”, se lee en el informe Las dos pandemias, donde se denunció la falta de recursos para espacios como los Centros de Justicia para las Mujeres, y que su situación empeoró durante la pandemia.
Con todo y este panorama adverso, según el análisis de Coneval, sólo cuatro de 32 entidades del país realizaron 7 acciones específicas para atender a mujeres víctimas de violencia de género o de ataques sexuales: Morelos, Nuevo León, Oaxaca y Quintana Roo.
Y aún estaría pendiente tener alguna investigación sobre los resultados o eficacia que pudieron tener dichas acciones, considerando factores como el presupuesto asignado y la forma en que se dispersaron los recursos.
A nivel federal, las únicas acciones o programas de apoyo a las mujeres que identificó Coneval, al menos hasta julio, fueron el Programa de Abasto Social de Leche a cargo de Liconsa, el programa de microcréditos para el Bienestar y el Programa de Apoyo a las Instancias de Mujeres en las Entidades Federativas (PAIMEF).
Migrantes
En cuanto a la población migrante, Coneval sólo identificó 7 programas o acciones de apoyo, en los 32 estados, también de marzo hasta agosto, y dos de ellos fueron para repatriar los cuerpos de mexicanos fallecidos en otros países.
En Guanajuato se ajustó el programa “Apoyo Sin Fronteras” y “Camino Seguro”; En Hidalgo se ajustaron el “Programa de Atención al migrante para el ejercicio 2020” y el “Programa de Atención al migrante para el ejercicio 2021”.
También se ajustaron el “Fondo de Atención a Migrantes” en Morelos, y “Repatriación de migrantes oaxaqueños fallecidos por COVID 19 en Estados Unidos” en Oaxaca.
El único programa catalogado como nuevo se creó en Guerrero y fue el “Programa emergente de apoyo a Familiares de Guerrerenses fallecidos en el extranjero”.
A nivel federal, en el capítulo sobre Adaptación de la oferta gubernamental para la atención de la contingencia, Coneval no mencionó alguna acción específica a favor de los migrantes en la pandemia.
Este texto fue elaborado por el equipo de Animal Político y lo reproducimos con su autorización.
