Texto: Beatriz García
Fotografía: José Luis de la Cruz
16 de junio del 2020
Chilpancingo
Integrantes del Colegio de Abogados del Estado Alberto Vázquez lamentaron que el Consejo de la Judicatura acordara alargar la suspensión de actividades hasta el 30 de junio, porque siguen ocurriendo delitos y hay sentencias de divorcio, guardias y custodias de menores que no pueden resolver.
Para los abogados que son parte de este Colegio es urgente que reactiven las actividades en el Consejo de la Judicatura, y para esos proponen medidas sanitarias estrictas.
El Consejo de la Judicatura circuló un oficio la semana pasada, en el que informó que por acuerdo, las actividades en los órganos jurisdiccionales y unidades administrativas del Poder Judicial del Estado estarían suspendidas desde el 18 de marzo hasta el 30 de junio, para evitar la propagación de la Covid-19. Es decir, amplió el plazo de suspensión de actividades.
En conferencia de prensa, el presidente del Colegio de Abogados, Álvaro Adame Arcos, a nombre también de sus compañeros, expuso que el 31 de mayo el gobernador Héctor Astudillo Flores dio un mensaje “alentador” en el que indicaba que se iban a reactivar actividades paulatinamente a partir del 15 de este mes en instituciones como la Junta de Conciliación y Arbitraje y el poder Judicial del Estado.
Luego la Judicatura emitió el acuerdo de ampliación del plazo de suspensión de actividades.
Según el abogado, limitó el funcionamiento sólo a las actividades de los juzgados, y “nos preocupa, porque a través de la historia de las pandemias nos hemos dado cuenta que existe una gran cantidad de situaciones que se dejan ver. No podemos tapar el sol con un dedo, no podemos decir que no existen delitos, que no existen necesidades, que no existen faltas a la ley y faltas administrativas”.
Siguió: “en este momento qué pasa con las pensiones alimentaciones, qué pasa con las guardias y custodias, qué pasan con los divorcios”.
Reprochó que los magistrados acuerden no reiniciar actividades y continúan cobrando sus altos salarios, cuando ellos y sus familias dependen de los pagos que reciben por resolver los casos por ahora parados.
A su juicio, a los magistrados les ha faltado “imaginación” para resolver asuntos a través de la tecnología o siguiendo medidas adecuadas de sanidad.
