La Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) la detuvo basándose en una investigación ‘ilegal’ ordenada por la empresa de peaje Concesionaria Mexiquense
Texto: Vania Pigeonutt
Fotografía: Centro de Derechos Humanos Zeferino Ladrillero
11 de junio del 2020
Kenia Inés Hernández Montalván, la activista amuzga detenida junto a tres menores de edad el viernes 6 de junio, salió del penal de Chiconautla, Ecatepec a las 17:35 horas de este jueves 11 de junio.
José Antonio Lara Duque, abogado y coordinador general del Centro de Derechos Humanos Zeferino Ladrillero (CDHZL) confirmó que este viernes el juez determinará si Kenia Inés, integrante del colectivo Zapata Vive, es vinculada o no a proceso.
La FGJEM la acusó de robo agravado con pistola, pero si el juez determinara vincularla a proceso, la activista lo llevaría en libertad.
Minutos antes de que Kenia saliera de la cárcel, vía telefónica, Lara Duque reveló que la activista guerrerense, beneficiaria del Mecanismo Federal de Protección a Personas Defensoras de Derechos humanos y Periodistas fue incriminada por la FGJEM con base en una investigación ‘ilegal’ ordenada por la empresa de peaje Concesionaria Mexiquense.
El abogado defensor lamentó que en estos tiempos convulsos, que el mundo enfrenta la pandemia por la Covid-19, el hostigamiento y represión a activistas no tiene tregua. Puso como ejemplos el caso de Susana Prieto, la abogada sindicalista detenida hace unos días, así como el de otra activista de San Luis Potosí, quien protestó por los abusos policiacos de Jalisco.
Antes de su traslado al penal de Chiconautla, Kenia Inés fue detenida junto a tres menores de edad de 16 y 17 años, ellos fueron trasladados al Centro de Internamiento para Adolescentes Quinta del Bosque, ubicado en Zinacantepec, estado de México, liberados dos días después.
Kenia Inés era vocera del Movimiento por la Liberación de los Presos Políticos de Guerrero (Molppeg) que logró la libertad de 20 presos políticos de Cacahuatepec, una comunidad de Acapulco opositora a la Presa La Parota que conformó su Policía Comunitaria y se adhirió a la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC).
Desde septiembre de 2019 está adherida al Mecanismo Federal de Protección a Personas Defensoras de Derechos humanos y Periodistas que depende de la Secretaría de Gobernación. El viernes por la noche que fue detenida, envió un mensaje a esa dependencia, sin que tuviera respaldo. Fue detenida por policías a bordo de ocho patrullas mexiquenses.
La FGJEM se basó en la investigación de la empresa de peaje
Lara Duque es enfático: cuando terminen este proceso, comenzarán otro contra la FGJEM por incriminar a Kenia Inés, basados en la investigación de la empresa concesionaria de peaje.
Explicó que el colectivo Zapata Vive realizó una protesta el 19 de marzo en una caseta de Ecatepec. Por ese día, las autoridades la acusan del robo con violencia de tarjetas de crédito y 500 pesos. Para esa acusación, la prueba contundente es la investigación sin respaldo legal, acusa el abogado.
“Parte de la investigación que hicieron contra Kenia, la hizo la empresa, no la Fiscalía. La empresa hace un informe de las demandas, y se mete con las redes de apoyo de Kenia, para obtener esa información, queda entre líneas que le intervinieron comunicaciones para poder mostrar ese seguimiento detallado”, dijo.
El abogado alerta en la infiltración que realizó la empresa en la vida privada de Kenia, quien también es ex funcionaria del ayuntamiento de Acapulco, en el periodo del ex alcalde Luis Walton Aburto.
“Lo más preocupante es que en ese informe quedan en evidencia las reuniones donde participaba Kenia y quiénes son sus compañeros de organizaciones aliadas. Con qué políticos se ha reunido y qué funcionarios han dialogado con ella. Esa investigación es débil, no hay ninguna razón legal para que la Fiscalía la convalide”, puntualizó.
Precisó que después de la salida de Kenia pensarán en qué paso legal seguirán para denunciar las arbitrariedades cometidas por la FGJEM. Además de la investigación, los tres chicos que acompañaban a Kenia fueron golpeados durante una hora y media de traslado, “resulta que ellos no tenían ninguna orden legal de nada, los tuvieron privados de su libertad en un tutelar de menores. No había ninguna razón para que estuvieran ahí”.
