Llevaba años activa en la lucha social de Guerrero. Desde septiembre pasado fue reubicada a Ciudad de México al recibir protección de un programa federal y aun así es detenida
Texto: Vania Pigeonutt
Fotografía: Facebook Kenia Hernández
7 de junio del 2020
Kenia Inés Hernández Montalván, defensora amuzga beneficiaria del Mecanismo Federal de Protección a Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, fue detenida junto a tres menores de edad la noche del 6 de junio en la caseta La Hortaliza-Valle de Bravo, en el estado de México.
Activistas de Guerrero, que han participado en diferentes procesos de lucha junto a Kenia Inés, como el ex asesor de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC), Valentín Hernández Chapa, confirmaron que está detenida en el penal de Chiconautla, Ecatepec.
Vía telefónica explicó que la activista, quien vive en la Ciudad de México después que el Mecanismo la reubicó por denunciar amenazas y hostigamiento, pertenece a la organización Zapata Vive.
Hernández Chapa sabe, por lo que le han reportado sus compañeros de Zapata Vive–la organización que coodina– que Kenia Inés informó al Mecanismo de protección que depende de la Secretaría de Gobernación que existía una orden de aprehensión en su contra. También que la defensora de derechos humanos recibió una alerta no oficial, sobre la orden de aprehensión el mismo sábado de su detención y la instancia protectora no se movilizó.
Kenia Inés fue detenida junto a tres menores de edad de 16 y 17 años, ellos fueron trasladados al Centro de Internamiento para Adolescentes Quinta del Bosque, ubicado en Zinacantepec, estado de México, de acuerdo a la información que compartieron activistas en un comunicado difundido en redes sociales el Centro de Derechos Humanos Fray Francisco de Vitoria y el Centro Nacional de Comunicación Social, Cencos, entre otros colectivos.
La detención fue hecha, según esa fuente, por al menos ocho patrullas de la Secretaría de Seguridad del Estado de México.
Hernández Chapa conoce que la defensa del caso está a cargo del Centro de Derechos Humanos Zeferino Ladrillero.
En enero de este año, Kenia Inés, ya acogida al Mecanismo de protección, junto a otros integrantes del colectivo Zapata Vive, tomaron la caseta de Tlalpan, al sur de la Ciudad de México, por cuatro días seguidos. Desde finales de septiembre Hernández Montalván salió de Guerrero con la protección del programa federal.
Durante la protesta dejaron paso libre a los automovilistas para exigir a la Secretaría de Gobernación que interviniera en la liberación de tres integrantes retenidos por la Policía Comunitaria de la CRAC-PC en San Luis Acatlán desde el 30 de noviembre de 2019. La organización comunitaria está fragmentada en varios grupos y con relaciones distintas.
Cuando la defensora fue reubicada a Ciudad de México, como medida del Mecanismo de protección, en su perfil de Facebook escribió que era víctima de persecución política y responsabilizó a la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero (UPOEG) de amenazarla. La UPOEG es un grupo armado de Guerrero que se presenta como una organización comunitaria.
“Con lágrimas en los ojos tuve que salir de Guerrero, mi hermoso estado que me duele verlo con tanta violencia, quisiera yo que toda esa valentía de mis paisanos se ocupara para luchar contra lo malo y hacer prevalecer lo bueno”.
“Mi máximo deseo es ver eso realizado antes de morir, junto con un sistema de justicia comunitario. Metas que por ahora no puedo dedicarme a ellas”.
A través de esa vía también reiteró que, por seguridad, no haría más denuncias públicas contra sus agresores.
Kenia Inés era vocera del Movimiento por la Liberación de los Presos Políticos de Guerrero (Molppeg) que logró la liberación de 20 presos políticos de Cacahuatepec, una comunidad de Acapulco opositora a la Presa La Parota que conformó su Policía Comunitaria y se adhirió a la CRAC-PC.
Raymundo Díaz Taboada, coordinador del Colectivo contra la Tortura y la Impunidad, con base en Acapulco, donde Kenia Inés radicó varios años, alertó que en este contexto de pandemia por la Covid-19 han aumentado las detenciones arbitrarias.
Desconoce hasta el momento los motivos de detención de Kenia Inés, pero le parece contradictoria cuando está bajo esquemas oficiales de protección.
“Se están llevando a una defensora que tiene medidas cautelares del Mecanismo de protección para activistas y periodistas. Es alarmante”.
Díaz Taboada se suma al reclamo de organizaciones que piden la liberación de su compañera defensora de derechos humanos, como lo hace el Frente Popular de la Montaña, quien hace poco encabezó un movimiento por la presentación con vida del defensor Arnuldo Cerón, quien fue asesinado. Kenia Inés acompañó ese movimiento.
Exigió a la federación frenar el uso de la fuerza policiaca y detenciones arbitrarias, como también ocurre en estados como Jalisco, Oaxaca, Ciudad de México y San Luis Potosí.
