El pueblo herido de Chilapa abraza al Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad

Texto: Amapola Periodismo

Fotografía: Oscar Guerrero

9 de febrero del 2020

 

Chilapa

 

Quince días después de exigir justicia por sus familiares asesinados en la plancha del zócalo de la Ciudad de México, Julián, Brayan, Adrián LeBarón están aquí, abrazando al presidente del colectivo Siempre Vivos, José Díaz Navarro. Lo abrazan, luego de condenar la violencia que no se investiga, la violencia que parece no acabar.

 

Con los hermanos LeBarón también llegó María Elena Morera, presidenta de Causa en Común, quien también participó el pasado 23 de enero en la Caminata por la Verdad, Justicia y Paz, la cual convocaron junto al poeta Javier Sicilia y partió de Cuernavaca, Morelos, hasta llegar a la capital, donde pidieron hablar con el presidente Andrés Manuel López, pero no los recibió.

 

Esta marcha por la Paz, la Verdad y la Justicia ha pasado por municipios con cicatrices profundas por los muertos y desaparecidos.

 

Hoy recorrió casi tres kilómetros con familiares de personas desaparecidas y asesinadas de la zona Centro de Guerrero, entrada a la conocida Montaña, que concentra la mayor parte de la población indígena del estado.

 

Los hermanos Julián, Brayan y Adrián LeBarón y María Elena Morera condenaron los hechos de violencia que ocurren en esta región.

 

Fueron convocados Díaz Navarro, quien preside el Colectivo Siempre Vivos. Esta organización, asegura, ha recontado mil 500 asesinatos y mil 500 desaparecidos –sólo un 8 por ciento fueron localizados en búsquedas– en Chilapa durante los últimos 10 años.

 

La caminata empezó en el monumento del Memorial que se encuentra en la carretera Chilapa-Zitlala. “Verdad y justicia por los nuestros”, se lee en la cruz de madera de casi tres metros que sobresale entre unas 100 más. Todas representan a los muertos por la violencia en Chilapa.

 

 

Los activistas felicitaron a los familiares de las víctimas por su valentía.

 

El 25 de noviembre del 2014, fueron hallados en este sitio decapitados y calcinados cinco hombres, dos de ellos, Alejandrino y Hugo, son hermanos de José Díaz Navarro. Cinco días antes fueron secuestrados por integrantes del grupo criminal de Los Ardillos, según investigó por sus cuenta el activista. En el 2015 empezó un movimiento de búsqueda de desaparecidos y fundó el colectivo.

 

Antes de iniciar la marcha, Díaz Navarro le contó de manera breve a los hermanos LeBarón algunos acontecimientos de violencia que han ocurrido en la última década en Chilapa y municipios vecinos.

 

–Aquí se han registrado mil 500 asesinatos y ha mil 500 desaprecidos–dice el profesor.

 

–Aquí está más cabrón que en Chihuahua –contesta Adrián LeBarón.

 

La marcha silenciosa inició al mediodía de este sábado. Atrás y adelante del contingente iban patrullas de la Policía Federal y de la Policía Estatal.

 

Los gobiernos federal instalaron un dispositivo de seguridad en la zona. En los entronques hacia las comunidades de Ayahualulco, El Durazno y Santana, donde se sabe tiene presencia el grupo de Los Ardillos, había retenes de la Policía Ministerial Estatal.

 

Díaz Navarro denuncia que durante la marcha y el mitin en el zócalo de Chilapa, se percató de extraños vigilantes que tomaban fotografías y videos con teléfonos celulares.

 

Adrián LeBarón dice que él y sus demás hermanos atraviesan por el mismo dolor de muchas de las familias de Chilapa.

 

El 4 de noviembre del 2019, nueve integrantes de la familia LeBarón fueron asesinados a balazos. Adrián se ve conmovido. Les dice que ellos no saben si lograrán algún día la justicia, pero estar aquí los motiva a continuar y que en particular a él, lo fortalece y muy probable, lo hará más valiente.

 

En un momento Adrián les comenta a los familiares de los desaparecidos y asesinados que durante la marcha se conmovió ver a muchos niños y mujeres valientes.

 

El acto fue de abrazos colectivos. De escuchar testimonios de horror y muerte. Pero también para señalar a las autoridades. Adrián, por ejemplo, considera que son “desorganizadas” en cualquier nivel, el federal, estatal, municipal, sobre todo, las encargadas de la impartición y de procuración de justicia.

 

Hace tres meses su hija fue asesinada y, confiesa, para él ha sido un intenso recorrido en el sigue sin entender lo que ocurrió.

 

También está aquí, en uno de los municipios con mayor número de homicidios dolosos en Guerrero, el senador independiente Emilio Álvarez Icaza. Él dice que no puede ser que Chilapa sea conocida a nivel nacional y mundial como un lugar de violencia.

 

Chilapa también es un centro comercial importante, es uno de los municipios que más presupuesto recibe, después de Acapulco, Chilpancingo y Tixtla.

 

Durante la intervención de Álvarez, dos mujeres indígenas mostraron una manta con las imágenes de niños armados de la CRAC-PF que fueron presentados hace dos semanas por dirigentes de esta agrupación en Alcozacán, comunidad que está a 30 minutos de Chilapa.

 

“Esto no puede seguir pasando”, dice el senador al referirse a esas imágenes de los niños.

 

Bryan LeBarón, en una de sus intervenciones durante la actividad cita lo que en 2008 reprochó el empresario Alejandro Martí: “si no pueden que renuncien”. Lo dijo hace 2 años ante la inacción de las autoridades para esclarecer y detener a los responsables del secuestro y asesinato de su hijo.

 

“Cómo es posible que hoy, 12 años después (de ese discurso de Alejandro Martí), cada día estamos peor”, agrega Bryan.

 

María Elena Morera, la presidenta de Causa en Común, comenta que en Chilapa hay colectivos –de familiares de desaparecidos –muy valientes. Recuerda algunas cifras y datos de la CNDH: en los últimos tres años asesinaron 452 personas en el estado, además de los desaparecidos e incontables fosas.

 

La activista asume que los números oficiales no reflejan el dolor de las familias en esa circunstancias. Evalúa sus casos como una situación escalofriante.

 

“¿Cuántas personas tienen que morir para que se tomen las medidas necesarias que garanticen nuestra seguridad?”, pregunta la activista.

 

 

 

Que detengan a Rojos y Ardillos

Después de la marcha, la comitiva visitó la comunidad de Ahuihuiyuco donde hablaron con familias que sufren la desaparición de familiares.

 

Esta zona, hasta hace tres años, era dominada por Los Rojos, de acuerdo a la Fiscalía General del Estado (FGE). La información oficial da cuenta que este grupo lo dirigía Zenén Nava, actualmente preso en la cárcel de Acapulco.

 

Díaz Navarro condujo a sus invitados a varias casas ubicadas en un cerro y conforme avanza les cuenta pormenores de la violencia en el lugar.

 

Les hace saber que en la entrada de esta comunidad asesinaron a don Bernardo Carreto en diciembre del 2015, quien en mayo de ese año denunció la desaparición de sus tres hijos en Chilapa, durante la incursión del grupo de Los Ardillos.

 

En estos pueblos de zona Centro, según Navarro, ya están Los Ardillos y cobran a las familias una cuota de las remesas que les envían sus parientes que trabajan en Estados Unidos.

 

Los Ardillos, asegura durante el recorrido, ya tienen bajo su control 20 municipios de Guerrero. Continúa con la narración: en Mochitlán y Quechultenango, otros municipios de zona Centro que se conectan con Chilapa, Celso Ortega Jiménez, uno de los dos hermanos que son líderes de este grupo, cobra una cuota a las autoridades y tiene infiltrada a las policías municipales.

 

Les asegura que la FGE tiene órdenes de aprehensión contra 20 dirigentes de esta agrupación criminal, pero que no las ejecuta.

 

Bryan LeBarón opina que el el presidente Andrés Manuel López Obrador debe comenzar el combate de grupos criminales por Chilapa, deteniendo a los dirigentes de Los Ardillos y Los Rojos.

 

 

 

Un puñado de esperanza en el camino

Durante la marcha, las voces de dolor se hermanan. Las víctimas se abrazan, lloran, sonríen. Laura Flores Sánchez, de 29 años de edad, camina junto a los Lebarón. Su objetivo es que algún día pueda encontrar a su esposo Daniel Velázquez Romero.

 

La acompañan sus dos hijas de 7 y 9 años, quienes llevan la imagen de rostro de su papá, quien ahora tendría 27 años de edad. Desapareció el 14 de mayo del 2015.

 

Hace un año y medio su hija la menor le detectaron cáncer, cuenta Laura. Pero no se desanima.

 

Camina como todas las víctimas directas e indirectas de esta marcha. Suena una tambora y trompetas. El contingente se acerca a las decenas de cruces, al memorial de dolor, llanto e impunidad.

 

Al esposo de Laura lo interceptaron una noche 10 hombres que viajaban en una camioneta blanca de doble cabina. Todos armados. Ocurrió en una estación gas LP de Chilapa, cuando llenaba los cilindros que usaban en casa. Los hombres llegaron a la estación y se lo llevaron.

 

El marido de esta mujer trabajaba en la misma empresa gasera. Salió una horas antes de su jornada laboral del día, sólo regresó a llenar los cilindros.

 

Los últimos cinco años para Laura han sido cansados y dolorosos. Ni las autoridades del estado ni de la federación le dan respuesta del paradero de su esposo. El argumento o justificación que le mencionan es que no existe un señalamiento directo contra alguna persona o personas que se lo llevaron.

 

A Daniel, cuenta Laura, le gusta ir a jugar futbol. Participaba en la liga de su trabajo, donde llevaba un año. Es buen papá.

 

Su madre, Isabel Romero de la Cruz, con sólo 47 años, murió sin saber de él.

 

Laura, al igual que decenas de víctimas congregadas esta tarde de sábado, se siente sola en la búsqueda de su esposo y la justicia, pero ella misma se da ánimos. “Es desesperante, pero creo que algo se va a obtener, porque si nos rendimos, ahí va a quedar”, agrega.

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