Al tiempo que se desempeña como funcionaria en el gobierno de Javier Corral, la empresaria juarense aumenta su negocio de venta de gasolina a través de estrategias que desataron una disputa jurídica entre millonarios
Texto: Gabriela Minjáres/Rocío Gallegos/Itzel Ramírez/La Verdad
7 de febrero del 2020
Al amparo del poder acumulado durante décadas y consolidado desde su posición como secretaria de estado en Chihuahua, Alejandra de la Vega Arizpe ha aprovechado todos los márgenes de la ley para competir por un mercado multimillonario en la frontera: la gasolina.
Más de la mitad de los permisos con los que actualmente cuenta Almacenes Distribuidores de la Frontera, empresa en la que son accionistas Alejandra, su mamá y sus hermanos –Guadalupe Arizpe y Miriam Guadalupe y Artemio de la Vega–, se gestionaron y obtuvieron cuando Alejandra ya era funcionaria estatal.
De una revisión de documentos oficiales se desprende que antes de que Alejandra fuera designada secretaria de Innovación y Desarrollo Económico por el gobernador Javier Corral Jurado (2016), Almacenes obtuvo 13 permisos gasolineros y a partir de 2017 la empresa tuvo un mayor auge y solo en tres años obtuvo la gestión para construir otras 18.
Mediante información obtenida en registros públicos y vía transparencia, La Verdad documentó que Almacenes Distribuidores de la Frontera usó diferentes estrategias judiciales que le permitieron la construcción y operación de gasolineras que incumplen con la normatividad municipal vigente sobre distancias mínimas entre estaciones de servicio.
Aun cuando los De la Vega incursionaron en el mercado gasolinero desde el 2003, la ampliación del negocio se aceleró unos meses después de que en 2016 Alejandra fuera designada secretaria de Innovación y Desarrollo Económico y tras lograr una alianza comercial con Marathon Petroleum Corporation, propietaria de la marca Arco.
Para la empresaria y servidora pública este crecimiento es irrelevante debido a que asegura estar al margen de los negocios familiares, que además de las estaciones de venta de combustible operan la cadena de tiendas de conveniencia Del Río, Superette y Oasis.
“La compañía tiene cerca de 300 unidades de negocio, discúlpame si… me parece totalmente irrelevante que pienses que porque yo estoy en el gobierno (hay un crecimiento de gasolineras)”, responde al solicitarle una entrevista sobre la expansión de Arco.
A pesar de eso, el nombre de Alejandra Catarina de la Vega Arizpe aparece como solicitante en tres trámites, entre ellos la licencia de construcción de tienda de autoservicio con fecha del 22 de septiembre de 2017, cuando ella ya era funcionaria pública, y con número de folio 2017-11523.
Incluso, para evitar el freno de su emporio, Alejandra de la Vega en representación del Consejo de Administración de la empresa Inmobiliaria Grupo De la Vega demandó el amparo en contra del municipio de Juárez, esto como resultado del más reciente episodio de una lucha que su familia sostiene por el mercado gasolinero desde hace más de dos años.
Con esta acción, los empresarios De la Vega buscan evitar la aplicación de los artículos 38 y 39 del Reglamento para la Ubicación y Operación de las Estaciones de Servicios para el Municipio de Juárez, donde se establece que las nuevas gasolineras deberán distanciarse entre 1.2 y 1.7 kilómetros de las existentes.
Bajo el argumento de que esta reglamentación vigente desde hace 14 años riñe con la legislación federal emanada de la reforma energética de 2013, la empresa Almacenes logró obtener un amparo en el juicio 781/2017 para que el municipio le diera los permisos para construir y operar nuevas estaciones a pesar de que contravienen las disposiciones locales vigentes.
Ese amparo derivó en más de una docena de asuntos judiciales, algunos llevados hasta a la Suprema Corte de Justicia y a la Fiscalía General de la República. Incluso, Lilia Ana Méndez, directora de Desarrollo Urbano Municipal, fue señalada de parcialidad a favor de la empresa de Alejandra de la Vega, ya que tardó casi un mes en llevar a cabo la sentencia que imponía el cierre de una de las gasolineras, como consta en el oficio DGDU/JUR/1359/209, en el que Méndez pidió la “aclaración” de la resolución emitida.
En respuesta, el 30 de octubre de 2019 los magistrados desecharon la petición de la funcionaria municipal “por notoriamente improcedente”, al no considerar error o imprecisión en la sentencia.
Con la protección de la justicia federal, Almacenes inició la expansión en el mercado gasolinero y la transición de la marca Petrol a la franquicia Arco, propiedad de Marathon Petroleum Corporation, de la que es accionista el esposo de Alejandra de la Vega, Paul L. Foster, quien ocupa el lugar mil 349 en la lista 2019 de Forbes de las personas más ricas del mundo.
Aprovechando la ubicación de sus tiendas de conveniencia, Almacenes instaló estaciones a escasos metros de las ya existentes, estrategia que desató un conflicto con sus competidores, con quienes se enfrenta en al menos tres procesos judiciales en los que tienen parte tres de las familias más prominentes de la frontera.
Dos de estos procesos son promovidos por ocho empresas gasolineras, entre las que se encuentran la de Pedro Zaragoza Fuentes, el mayor propietario de estaciones de servicio en la entidad con la marca Bip Gas; así como Gaso Mex de la familia de Eduardo Fuentes Varela, empresario gasero; y la del dirigente local de la Organización Nacional de Expendedores de Petróleo (Onexpo), Fernando Carbajal Flores.
El otro proceso legal confrontó a los De la Vega con la sociedad mercantil que encabeza Valentín Fuentes Varela a través de Grupo Imperial, donde también participan sus hijos, entre ellos Adriana, Octavio y Angélica Fuentes Téllez.
Resultado de estas acciones judiciales, los quejosos revirtieron el amparo de Almacenes y lograron la clausura de seis de sus estaciones y frenaron la apertura de una, mientras que otras cinco se encuentran en riesgo de cierre por resoluciones en tribunales que en al menos tres sentencias han determinado que la violación a las distancias representa un “riesgo en la seguridad, salud y la vida de las personas”.
Al tener en peligro la expansión que los convertiría en el tercer grupo gasolinero más importante de la entidad, la empresa Almacenes reforzó su equipo de defensa con Arturo Chávez Chávez, ex procurador General de la República con el presidente Felipe Calderón; y con César Jáuregui Robles, ex consejero de la Judicatura Federal y ex secretario General de Gobierno en Chihuahua, donde fue compañero de Alejandra en el gabinete del panista Javier Corral.
Ambos abogados se sumaron al litigio que inició Iván Antonio Pérez Ruiz, quien formó parte de la actual Administración Municipal durante siete meses, tiempo en el que también atendió el caso, como lo confirma el ahora exfuncionario.
En espera de que el juicio, que lleva más de 28 meses en tribunales, se resuelva en la Corte, Alejandra emprendió una nueva ruta para exentar a sus gasolineras del cumplimiento de las distancias al solicitar otro amparo a través de Inmobiliaria Grupo de la Vega, una empresa creada en noviembre de 2018 con su mamá y sus hermanos.
A diferencia del primer proceso en el que el promovente es el representante legal de Almacenes –Manuel Castillo–, en esta estrategia, Alejandra de la Vega es puesta como una de las quejosas. Así consta en la demanda de amparo radicada en el expediente 774/2019, ingresada el 29 de octubre y turnada al Juzgado Cuarto de Distrito en el estado, documento al La Verdad tuvo acceso.
A pesar de que el nombre de la funcionaria aparece estampado en la nueva demanda de amparo, ella misma, su hermana y representantes de sus empresas insisten en deslindarla de su participación en los negocios familiares y en las acciones a favor de sus gasolineras.
“Alejandra no está operando, ella es miembra (sic) del Consejo y es accionista minoritaria de Almacenes pero ella no tiene nada qué ver en la operación”, afirma Guadalupe de la Vega, quien al igual que la funcionaria y su hermano Artemio comparte el mismo porcentaje de acciones en Almacenes y la Inmobiliaria, el 0.19 por ciento cada uno, de acuerdo con documentos en el Registro Público de Comercio de la Secretaría de Economía.
Lo mismo sostiene Antonio Jiménez Farías, director Operativo de Almacenes, quien asegura que Alejandra “está perfectamente al margen” de los negocios y que no ha hecho ningún trámite relacionado con la expansión de Arco.
La encargada del desarrollo económico de Chihuahua también rechaza estar involucrada en la empresa familiar.
“Al tomar yo este rol yo tomé una distancia de toda la actividad de las empresas de mi familia que tienen muchos años de existir en esta frontera, las gestiones, la operación y la administración la llevan otras gentes”, acota y se niega a profundizar sobre las implicaciones de su actividad privada mientras está dedicada al servicio público.
Alejandra de la Vega y funcionarios de gobierno en las oficinas de Almacenes Distribuidores de la Frontera. Foto: Tomada de Facebook
Sin embargo, la permanencia de Alejandra de la Vega en sus negocios también ha quedado expuesta como cabeza visible del equipo de futbol FC Juárez, en el uso de sus oficinas privadas para actividades públicas, así como en las gestiones que ha realizado en la defensa de sus intereses económicos.
Su actividad se extiende más allá de la frontera, ya que en Estados Unidos tiene participación en al menos nueve compañías del sector médico, deportivo, comercial y financiero. De acuerdo a registros públicos, en México aparece como socia en 13 empresas y junto con su familia propietaria de 434 inmuebles.
LEYES LAXAS
En su búsqueda por contar con privilegios en el mercado gasolinero, Almacenes ha manifestado su rechazo a las disposiciones que marcan las condiciones para la instalación de estaciones de servicio, con el razonamiento de que es un tema de competencia exclusivamente federal, basados en el artículo 95 de la Ley de Hidrocarburos.
Si bien, dicho apartado legal establece que únicamente el Gobierno Federal puede dictar las disposiciones técnicas, reglamentarias y de regulación en la materia, la disposición solo abarca lo concerniente al desarrollo sustentable, al equilibrio ecológico y a la protección al medio ambiente, pero no contempla el desarrollo urbano y protección civil, ámbitos de injerencia municipal y estatal.
Las leyes federales no establecen la distancia entre estaciones y determina que los permisionarios deben cumplir con las disposiciones y regulaciones que en esa materia emitan las autoridades locales.
Incluso la CRE, órgano federal regulador en materia de combustibles y energía, indica en autorizaciones expedidas a Arco que cada permiso “se otorga sin perjuicio del cumplimiento de las obligaciones o la obtención de las autorizaciones o permisos establecidos por otras autoridades federales o locales”.
De igual manera, la ASEA reconoce que las disposiciones de desarrollo urbano le competen a autoridades municipales o estatales y son independientes de lo permitido por la agencia.
“La presente resolución se refiere exclusivamente a la evaluación del impacto ambiental que se prevé sobre el sitio del Proyecto que fue descrito, por lo que, la presente resolución no constituye un permiso o autorización de inicio de obras y/o actividades, ya que las mismas son competencia de las instancias municipales”, se precisa en las autorizaciones de la ASEA.
Las atribuciones municipales en esta materia se encuentran incluidas en el Reglamento para la Operación y Ubicación de Estaciones de Servicio, sobre el cual el secretario del Ayuntamiento de Juárez, Maclovio Murillo Chávez, defiende su vigencia.
“La disposición que establece las distancias entre una y otra estación de gasolina se encuentra en vigor, hay un juicio de amparo en el que se obtuvo una sentencia favorable, donde se consideró que era inconstitucional, pero una sola sentencia no es suficiente, ni siquiera para formar jurisprudencia. Entonces, ese criterio, aislado, no afecta para nada en la vigencia de esa ley reglamentaria”, ataja en entrevista Murillo, quien se desempeñó como Consejero Jurídico del Estado de Chihuahua desde el 4 de octubre de 2016 hasta el 4 de abril de 2018.
En el municipio de Juárez, la dependencia que expide las constancias de zonificación y licencias de uso de suelo es la Dirección General de Desarrollo Urbano a cargo de Lilia Ana Méndez Rentería, quien por su actuación en este conflicto ha sido cuestionada y apercibida en los tribunales.
De acuerdo con las síntesis de expedientes públicos del Consejo de la Judicatura Federal, la funcionaria municipal ha hecho solicitudes improcedentes de aclaración de sentencias, diferido el cierre de al menos una de las estaciones Arco y expedido licencias que violan el propio Reglamento de Juárez donde se establecen las distancias entre gasolineras.
Lilia Ana Méndez no dio respuesta a las solicitudes de entrevista que se le hicieron directamente en su oficina ni a través de Comunicación Social del Gobierno Municipal.
La distancia entre estaciones también se establece en la Ley de Desarrollo Urbano Sostenible del Estado de Chihuahua, donde se especifica que se ubicarán a una distancia radial mínima de entre mil 200 y mil 700 metros, una respecto de la otra.
A pesar de que la ley le obliga a regular las distancias entre gasolineras a través de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología, el gobierno estatal lleva años sin ejercer esa función.
Salvador Barragán, delegado regional en Juárez de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología del Estado, señala que desde el 2006 la dependencia dejó de emitir los dictámenes para la regulación de las estaciones de servicio.
A través de convenios, ratificado en 2008 y actualizado este año, se transfirió todo lo relativo a autorizaciones para gasolineras al ámbito municipal, por lo que el gobierno estatal no tiene ninguna intervención en el tema.
Iván Pérez concede que hay una omisión del gobierno del Estado en el cumplimiento de la ley.
“Nunca nos aplican la ley estatal, a nosotros nunca nos aplicaron porque la ley estatal establece que habrá estas distancias en los términos que los reglamentos municipales correspondan”, declara el exfuncionario en entrevista.
Mientras es el Ayuntamiento la única autoridad que participa del cumplimiento a los ordenamientos sobre desarrollo urbano y protección civil, el Congreso del Estado lleva más de dos años en el análisis de un proyecto para expedir una nueva ley de desarrollo urbano que cumpla con las disposiciones federales.
Además de incumplir con las distancias, las estaciones de Almacenes también entran en conflicto con otras disposiciones de la Dirección de Desarrollo Urbano que aplican para todas las licencias y permisos otorgados a los negocios en Juárez.
Por ejemplo, las licencias de funcionamiento incluyen indicaciones para no causar molestias o inconvenientes a las zonas habitacionales, no generar flujos de vehículos y advierten que en caso de controversia vecinal el permiso podrá ser revocado.
Mientras que en las licencias de uso de suelo se condiciona la autorización a que solucione el tráfico vehicular y peatonal que generan y establecer las medidas de protección para los usuarios y habitantes de la zona. Así como respetar las normas de los reglamentos vigentes de construcción, desarrollo urbano, protección civil y ecología.
En los hechos, se constató en recorridos realizados por diversas estaciones que la operación diaria de las gasolineras Arco causa conflictos viales debido a la afluencia de consumidores y al tamaño de las estaciones de servicio, que comparten espacio con restaurantes de comida rápida y tiendas, propiedad de la familia De la Vega.
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Este trabajo fue elaborado por el equipo de La Verdad y lo reproducimos como parte de la Alianza de Medios de la Red de Periodistas de a Pie.
