Texto: Vania Pigeonutt
Fotografía: Luis Daniel Nava
3 de febrero del 2020
Chilpancingo
1)
El viernes 17 de enero diez hombres, ente ellos, un adolescente de 15 años, fueron asesinados en Mexcalcingo, una comunidad a tres horas de Chilapa de Álvarez. Eran integrantes del grupo musical La Sensación y uno de ellos pertenecía a la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias- Pueblos Fundadores (CRAC-PF).
Los asesinados, de entre 15 y 24 años, eran indígenas de la comunidad nahua de Alcozacán. Fueron a trabajar a Tlayelpan , cuyos límites, de acuerdo a las versiones dadas por las autoridades de Guerrero, es una zona tomada por el grupo criminal Los Ardillos. Por estos homicidios quedaron huérfanos casi 20 niños.
Con estos homicidios, en esa zona Centro, que da paso a la región Montaña, sólo en un año –del 27 de enero de 2019 al 17 de enero de 2020– habían sido asesinados 48 habitantes de 16 pueblos de los municipios de José Joaquín de Herrera (Hueycantenango) y Chilapa, que juntos conforman la zona nahua más grande del estado. Tan sólo en estas 16 comunidades viven alrededor de 5 mil habitantes.
Israel Tolentino Ahulicán, de 24 años, fue uno de los asesinados. Se había ido de Alcozacán para alejarse de la violencia. David Sánchez Luna, coordinador de la CRAC-PF, originario de Rincón de Chautla, una comunidad pequeña entre los municipios Chilapa y Hueycantenango, donde ha habido emboscadas y persecuciones compartió que mucha gente tuvo que regresar de Estados Unidos para defenderse o regresar como Israel quien trabajaba en el estado de Morelos.
En esa área se concentran varios problemas: la pobreza estructural, el desplazamiento forzado interno de decenas de familias de colonias y poblaciones aledañas, acosadas por el grupo criminal que opera con impunidad en la zona, la migración hacia estados del norte y Estados Unidos, en busca de fuentes laborales; y, el acoso constante para que los habitantes abandonen todo. Consideran que es una estrategia para despoblar sus territorios ricos en minerales, árboles frutales y maderables.
Como Israel –quien era el chofer del grupo musical Sensación– que regresó dos viernes atrás, el 3 de enero, porque la comunidad lo eligió para ser policía comunitario por un año, otros dejaron sus trabajos recogiendo fresas y cerezas en Baja California para integrarse de lleno a sus sistema de seguridad.
“Acá las cosas se empezaron a poner más y más difíciles. Nos cooperamos con mi familia para comprar esta escopeta, que nos costó 12 mil pesos, lo invertimos porque fui elegido como policía. Yo no planeaba regresar, ganaba bien, 3 mil pesos a la semana y podía mandar dinero. Llegué y mi esposa me recibió llorando, tenía poco que dos señoras que fueron por mandado habían sido asesinadas. Decidí quedarme”, cuenta un policía que prefiere solo compartir su historia, no le interesa dar su nombre.
Estos 10 homicidios se suman a los 115 asesinatos que hubo en enero, de acuerdo al recuento periodístico que puntualmente realiza El Sur cada mes, con base en el propio recuento de las notas reportadas por sus corresponsales en las siete regiones de Guerrero.
Con base en su información, con relación a enero de 2019 hubo 35 asesinados menos. Hay una tendencia a la baja, en cuanto a número de homicidios dolosos; sin embargo, los asesinatos se siguen dando en la mayoría de las regiones. Acapulco, Chilpancingo y Chilapa, siguen siendo municipios punteros en cuanto a número de homicidios.
“En enero en Acapulco hubo 42 homicidios, en Chilapa 12, en Chilpancingo 10, en Taxco ocho, en Huitzuco cinco, en Zihuatanejo, en Zirándaro, en Iguala y en Ometepec cuatro, en Ciudad Altamirano, Cochoapa el Grande y Atlixtac tres, en Coyuca de Benítez, en Coyuca de Catalán y Copanatoyac dos. En Atoyac, Zitlala, Tlapa, Eduardo Neri, Cuajinicuilapa, Tepecoacuilco y Petatlán un asesinato”, se lee en su nota publicada este 3 de febrero.
Homicidios dolosos a nivel nacional y postura del gobierno estatal
2)
Aunque en el último reporte del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SNSP), que administra la Secretaría de Gobernación (Segob), el gobierno de México confirma que 2019 fue el año con mayor número de asesinatos a nivel nacional, en Guerrero las autoridades celebran que el estado dejó de estar en los primeros lugares de homicidios dolosos.
Entre enero y diciembre pasados se cometieron en el país 34.582 homicidios dolosos. Esto representa el 2.5 por ciento de aumento con respecto al 2018. Junio fue el mes con más homicidios: 2.993 concentrados, en su mayoría, en los estados de Guanajuato, México, Michoacán, Jalisco y Baja California.
En el caso de Guerrero, el gobernador Héctor Astudillo Flores, presume que hay una disminución en número de homicidios. La Mesa de Coordinación Estatal para la Construcción de la Paz –nuevo nombre de la coordinación entre instituciones federales de seguridad del estado y la federación– aseguró que en los primeros días de enero hubo una disminución de casi el 50 por ciento de homicidios dolosos.
“Acapulco registra los primeros 12 días de este 2020, una disminución de hasta el 61 por ciento con 29 homicidios menos respecto a 2019 y 11 municipios más registran homicidios dolosos con una disminución del 47.9 por ciento en todo el estado en comparación con el mismo periodo de tiempo del 2019”, presumieron a mediados de enero, antes de la masacre en Chilapa.
Luego del informe del SNSP, el gobierno de Guerrero asegura que la criminalidad bajó el 18 por ciento, en relación al año pasado. Pasó al séptimo lugar en número de homicidios dolosos. La entidad cerró 2019 con el número más bajo de homicidios dolosos en los últimos cinco años, de acuerdo a las estadísticas.
“Tan sólo de 2019 a 2018 pasó de dos mil 222 asesinatos a mil 583. Mientras que en comparación con 2015 se registraron dos mil 016 casos, la caída de la incidencia delictiva fue de 21.4 por ciento”, alardeó Astudillo estas cifras como un logro.
Sin embargo, las estadísticas son sólo eso para activistas como Abel Barrera, director del Centro de Derechos Humanos de la Montaña, Tlachinollan, una organización que ha alertado que la lectura de las cifras debe ser cuidadosa. El fenómeno de la violencia se debe erradicar hasta llegar a cero asesinados. Mientras siga habiendo homicidios, feminicidios y las formas de matar sigan siendo cada vez más crueles, no hay nada qué festejar.
Considera también que hay un exterminio y despojo, sobre todo en las zonas indígenas, donde mayormente opera Tlachinollan.
En los hechos recientes de Chilapa, la organización fijó una posición: “El planteamiento del presidente Andrés Manuel López Obrador de que se necesita serenar al país y trabajar en una estrategia más integral que atienda las causas de la violencia, requiere intervenciones al más alto nivel para poder contener esta avalancha delincuencial. No se pueden postergar respuestas a un mediano y largo plazo; se requiere implementar ya acciones coordinadas para desmontar esta estructura delincuencial”.
Continúa: “los pueblos indígenas de Chilapa, que han sido grandes artistas y que le han dado identidad e historia a nuestro estado no pueden seguir sometidos por grupos que quieren utilizar sus territorios para imponer negocios de la economía criminal. Sobre todo en esta región sureña de Chilapa lo que sigue prevaleciendo son los balazos y no los abrazos, contrario a lo que ha planteado el presidente de la República”.
Acoso hacia la policía comunitaria en Chilapa y mapa criminal
3)
En septiembre del 2014, varios de los pueblos de esta ruta, crearon la Policía Comunitaria para defenderse de las incursiones del grupo criminal Los Ardillos, liderado, de acuerdo a la Fiscalía General del Estado (FGE), por los hermanos Ortega Jiménez. Uno de los integrantes de esta familia es Bernardo, quien se ha deslindado múltiples ocasiones de sus parientes, pero ha sido tres veces diputado local por los votos de la población en las zonas de influencia de su familia, una de esas, incluso fue coordinador del Congreso.
El área de control de Los Ardillos abarca ya cinco municipios: Quechultenango –donde viven los hermanos Ortega Jiménez– Mochitlán, Tixtla, Chilapa y José Joaquín de Herrera.
En el mapeo de grupos delictivos de este 2020, el gobierno del estado asegura que en total operan 14 grupos criminales, repartidos en las siete regiones. En la Tierra Caliente: Jalisco Nueva Generación, Familia Michoacana, Los Caballeros Templarios; zona Norte: Los Rojos, Guerreros Unidos y Gente Nueva; Costa Grande: Jalisco Nueva Generación, Guardia Guerrerense, Los Viagras y Los Cornudos.
En la zona Centro –donde ocurrió la masacre de los 10 integrantes del grupo musical–, Los Rojos, Los Ardillos y el Cartel del Sur; en Acapulco: La Empresa, Los Virus, Los Capuchinos, El CIDA, Beltrán Leyva; Costa Chica: Beltrán Leyva y la región Montaña: Los Ardillos. Estas dos últimas regiones que concentran a la mayor población indígena en el estado y los municipios más pobres de la entidad también presentan el menor número de homicidios dolosos.
A ningún grupo le da ya la denominación de cartel.
Los datos del gobierno de Guerrero, en cuanto a la situación de las policías comunitarias y civiles armados, son contundentes en algo: sólo la CRAC es considerada policía comunitaria. Además, hay 24 grupos de civiles armados repartidos en el territorio. Esta concentración abarca el 70 por ciento de los 81 municipios que tiene Guerrero.
Fuente: Gobierno de Guerrero.
4)
Los 16 pueblos de Chilapa y Hueycantenango están enojados con el presidente de la República. En declaraciones telefónicas, uno de los coordinadores, David Sánchez Luna le respondió enérgico al mandatario: “Dice que somos irresponsables por armar a nuestros niños, cuando no entienden que es autodefendernos, porque ellos no hacen su trabajo. ¿De qué nos sirve la Guardia Nacional y el Ejército, si en los hechos nos siguen matando, desapareciendo, desplazando? Que se venga a parar acá para que vea la situación”.
Ellos votaron por un cambio. Creyeron que con López Obrador sí sería efectiva la atención a los pueblos originarios, tal y como se comprometió, pero no.
El presidente Andrés Manuel López Obrador calificó que niños entrenen en las comunidades de Chilapa como “un acto prepotente”.
“Eso de formar niños con armas y tomar un video es un acto prepotente, no tiene nada que ver con la bondad ni siquiera con el poder porque el poder es humildad, esas actitudes, esos desplantes de prepotencia no sirven, no se consigue nada. Hacen ruido en las redes sociales, vergüenza les debería de dar hacer eso, no se les va aplaudir por eso”, sentenció el mandatario.
El domingo 12 de enero, sólo cinco días antes de que estuvieran de luto por las 10 personas asesinadas, cinco de ellas fueron calcinadas, 19 niños entrenaron en la comunidad de Ayahualtempa, a sólo 800 metros de donde están atrincherados, presuntos sicarios del grupo criminal Los Ardillos.
La comunidad de unos 800 habitantes tiene un lago, varias iglesias, una católica y dos templos cristianos. Varios de los habitantes adoptaron en los 80´s la religión cristiana pentecostés o presbiteriana. Se escuchan cumbias cristianas en dos casas, y Manuel, de ocho años, va a dejar su biblia a la casa de su abuelita, para agarrar un palo y ponerse a entrenar en la cancha frente a la Comisaría.
Los niños entrenan posicione de tiro, les enseña uno de los coordinadores de la CRAC. La mayoría tienen palos, pero hay quienes ya portan escopetas reales. Los niños entrenan alrededor de 30 minutos y después juegan burro castigado, un juego de saltos colectivos. Después comen frituras y ríen y corren alrededor de la cancha.
Uno de los policías, de 17 años, da una explicación: “acá la mayoría somos cristianos. No creemos en la venganza, pero tampoco vamos a permitir que nos sigan matando. A mí me mataron a mi papá, y no por eso voy a ir a buscar a esa gente, porque sé perfectamente quienes son. Con un arma nos sentimos un poco más tranquilos, más respetados. Es por autoprotección, no somos asesinos como ellos”.
