Texto: Margena de la O
Fotografía: Lenin Mosso
27 de enero del 2020
Chilpancingo
La evaluación del último año transcurrido en la búsqueda de la verdad y la justicia en el caso Ayotzinapa, para el abogado de los padres de los 43 normalistas desaparecidos, Vidulfo Rosales Sierra, es un tramo de “luces y sombras”.
El abogado que forma parte del Centro de Derechos Humanos de la Montaña, Tlachinollan, se refiere a que los avances logrados están focalizados a las estrategias de búsqueda que, entiende, son prioridad, pero lamenta que siguen sin ejercer acción penal en contra de los señalados, aun cuando hay elementos sustanciales de responsabilidad; por ejemplo, contra policías municipales de Huitzuco y la Policía Federal, por su participación en la noche de Iguala.
Si esto no ocurre, critica el abogado, será casi imposible que en un plazo inmediato se llegue hasta la responsabilidad de las autoridades de Guerrero, porque todavía no se les suma a la investigación. Rosales Sierra menciona en la cabeza de esta lista al ex gobernador Ángel Aguirre Rivero, quien mantiene sus actividades políticas y públicas en el estado sin problema.
Aun con esto, admite que está delineada una ruta de investigación, en la que, al fin de cuentas, contemplaron las propuestas que los padres de los muchachos desaparecidos han acumulado en los más de cinco años de su movimiento. Pero, insiste, que de no fincar las responsabilidades a las autoridades de aquellos tiempos, “no se van a romper los pactos de silencio”.
Hay varios pendientes con el caso más emblemático en materia de desaparición forzada de la última década. La noche del 26 de septiembre de 2014, además de que 43 normalistas fueron desaparecidos, integrantes del equipo de futbol de tercera división Los Avispones, sufrieron un ataque armado que cobró la vida del chofer y un futbolista. Daniel Solís Gallardo, Julio César Mondragón Fontes y Julio César Ramírez Nava son los tres estudiantes asesinados.
Una nueva investigación, una nueva estructura
Con el inicio del gobierno de Andrés Manuel López Obrador también comenzó una nueva etapa de la investigación del caso ocurrido el 26 de septiembre del 2014, después de que ofreciera llegar a la verdad y la justicia.
El 1 de diciembre del 2018 arrancó funciones el gobierno y dos días después el presidente anunciaba la creación de la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia en el caso Ayotzinapa.
El decreto de la Comisión fue publicado el día 4 de diciembre en el Diario Oficial de Federación. Para el 15 de enero del 2019 quedó instalada y al mes siguiente sesionó y fijó sus lineamientos, de acuerdo a un recuento a partir de la información publicada por las dependencias de gobierno y medios de comunicación.
La Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia en el caso Ayotzinapa, se lee en la página de la Fiscalía General de la República (FGR), es un mecanismo de coordinación política que busca la implementen de mecanismos para fortalecer el ejercicio del derecho de los familiares de las víctimas del caso Ayotzinapa de conocer la verdad.
Está integrada por una estructura de gobierno que encabeza el subsecretario de Gobernación y Derechos Humanos, Alejandro Encinas Enciso, donde están sumados cinco de los padres de los normalistas desaparecidos y cuatro organizaciones sociales que los han acompañado: Centro Agustín Pro, Tlachinollan, Servicios y Asesoría para la Paz (Serapaz), y Fundar, Centro de Análisis e Investigación.
Este órgano mantiene una relación de colaboración y coadyuvancia con cuatro de los investigadores independiente que integraron el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), quienes fungieron como un contrapeso en la investigación que quiso imponer el gobierno de Enrique Peña Nieto.
En una primera etapa se integraron Angela Buitrago y Francisco Cox, y después Carlos Beristain y Claudia Paz y Paz. Alejandro Valencia no pudo sumarse porque es parte de la Comisión de la Verdad en Colombia, su país.
Al principio de este año su aportación fue de consultoría, pero en la actualidad los cuatro expertos están en México haciendo una investigación en el terreno de los hechos.
Hasta febrero pasado, según la evaluación de Rosales Sierra, hubo una secuencia de acciones veloces que, al fin de cuentas, hicieron posible un órgano con facultades políticas y de articulación para el caso Ayotzinapa.
Pero después se cayó a un “bache”. Por los cinco meses siguientes no hubo avances sustanciales, al menos así lo define el abogado de Tlachinollan.
Fue hasta el 26 de junio que crearon la Unidad Especial de Investigación y Litigación para el caso Ayotzinapa, la instancia que se encargará de “las acciones de investigación y persecución de los delitos cometidos en Iguala, Guerrero, en septiembre del 2014, hasta la conclusión de todos los procesos penales vinculados con los eventos que originaron la desaparición de los 43 estudiantes Normal Rural”.
“Perdimos ahí medio año de investigaciones”, lamenta el abogado. A esto le suma que en el trabajo de investigación y penal siguen sin considerar la obstrucción que realizaron autoridades de diferentes niveles en los distintos procesos del caso.
Un elemento que para el abogado resume esa obstrucción, es el caso de Alexander Mora Venancio, uno de los 43 normalista de Ayotzinapa desaparecidos, de quien la llamada verdad histórica dicta que sus restos (unos fragmentos de huesos) fueron localizados cerca del río San Juan de Cocula.
Esa obstrucción, insiste, implicó una manipulación de evidencias que hasta ahora no se tiene claro si esos fragmentos de hueso los hallaron en el río.
Llevados a sitios distintos
La narrativa del actual gobierno sobre el caso Ayotzinapa es que a los 43 normalistas desaparecidos de la Normal Rural Raúl Isidro Burgos se los llevaron a distintos lugares de las zonas Centro y Norte esa noche del 26 de septiembre del 2014. Fueron separados.
Esto se sabe por la información pública y por las organizaciones que se mantienen en colaboración con la investigación. También así lo manifiestan las acciones de búsqueda que el gobierno federal empleó durante 2019.
El gobierno federal realizó acciones de búsqueda en Iguala, Cocula, Huitzuco, y Tepecoacuilco, todos municipios de la parte norte del estado, y Mezcala, un pueblo que pertenece a Eduardo Neri y que es entrada a Carrizalillo, una de las comunidades mineras más conocidas por su devastación y violencia.
Durante todo 2019 en esos lugares realizaron 18 operativos. En dos de esos lugares encontraron restos óseos, y se llegó hasta ellos por datos de prueba de esta nueva etapa de investigación. El hallazgo de restos hasta ahora no tiene una conexión con los normalistas.
A cinco años cuatro meses no hay un autor intelectual de los hechos ni saben donde están los 43. Los números y avances Rosales Sierra se los sabe de memoria.
