Texto y fotografía: Equipo Amapola periodismo
25 de noviembre del 2019
“Tírenle al jinete”, se escuchó en un radio mientras uno de los desplazados advirtió que en los cerros, a la entrada de Los Alacranes, había civiles armados.
Elementos de la Guardia Nacional a bordo de dos camionetas pick up, cada una con su barret de 50 milímetros, apuntaron entre los árboles, previa advertencia al grupo de reporteros de protegerse.
Esta es la frontera entre Guerrero y Michoacán, muy lejos de la capital guerrerense. Hay unos 500 kilómetros de por medio. Una tierra disputada entre dos grupos del crimen organizado: El Cartel Jalisco Nueva Generación y la Familia Michoacana. Dicen especialistas en el estudio de las violencias que cada acción de los grupos del crimen organizado tiene una dimensión política, porque su principal característica es su conexión con la concentración y conservación del poder. “El crimen organizado ha sido empleado por los actores políticos como una fuerza adicional en contra de sus competidores”, afirmó Hung Campbell, el sociólogo estudioso de esta relación.
La violencia en esta zona es un asunto añejo. De aquí es originario quien fue dirigente del PRD, Aurelio Peñaloza García, asesinado en 1999. Peñaloza fue alcalde de esta tierra en la que nació el cardiólogo Ignacio Chávez Sánchez, quien fue rector de la UNAM. Por eso se llama Zirándaro de los Chávez.
En abril de 2017, fue privado de su libertad el ex alcalde y diputado federal, Catalino Duarte Ortuño, de quien aún se desconoce su paradero. Catalino Duarte es primo de los hermanos María de los Ángeles y Salomón Pineda Ortuño, ambos presos acusados de ser los líderes del grupo delictivo Guerreros Unidos. María de los Ángeles está vinculada a la desaparición de los 43 estudiantes de la Normal de Ayotzinapa.
En unas 40 comunidades de esta parte de la Tierra Caliente, entre ellas Los Alacranes “ni la Marina, ni la Guardia Nacional, ni el Ejército pueden entrar. Ahí manda la delincuencia”, dijeron autoridades municipales a los reporteros que querían llegar a estas localidades de las que huyeron pobladores el pasado 10 de noviembre.
Ese domingo salieron, sólo con lo que traían puesto, alrededor de 1,400 personas de los pueblos San Rafael, Los Guajes, La Cañita, El Pino, La Parota del Cuartel y Los Alacranes. Estos pueblos quedaron abandonados.
Llegamos a Los Alacranes porque un grupo de pobladores pidieron en Guayameo –una de las comunidades más grandes de Zirándaro, donde se refugiaron 33 familias, unos 300 habitantes– al alcalde Gregorio Portillo Mendoza, a la GN y a la Policía Estatal que los acompañaran a rescatar algunas pertenencias.
Las autoridades no accedieron fácil. Los desplazados protestaron en Guayameo, el viernes a medio día, porque hasta ese viernes 22 de noviembre, después de 12 días de huir, llegaron a verlos.
El gobernador priista Héctor Astudillo Flores negó que hubiera desplazados y enfrentamientos, como denunció el alcalde morenista. También el gobierno federal planteó dudas de esta versión del desplazamiento de más de mil personas por las amenazas de un grupo del crimen organizado.
“Nosotros no venimos por acá seguido porque apenas contamos con cinco policías municipales”, justificó el alcalde.
Uno de los desplazados de Los Alacranes contó que el 10 de noviembre llegaron a su pueblo y a las comunidades vecinas enviados de los delincuentes. “Esa gente nos mandó decir (no sabe de qué grupo) que nos daban media hora para que abandonáramos el pueblo y pos salimos corriendo, sentimos terror, nos venimos sin traernos nada”.
Luego de los reclamos de unos 200 pobladores, desplazados, uniformados y autoridades municipales, encabezados por el alcalde, aceptaron acompañar a la gente a Los Alacranes, para ver que podían rescatar y traerse con ellos.
Alrededor de las 14:00 horas de ese viernes inició el retorno vigilado. Se llegó a Los Alacranes unos minutos después de las 17:00 horas. Al entrar, los uniformados se detuvieron en una casa para inspeccionarla. Antes revisaron su armamento. Fue entonces cuando se escuchó en la radio la orden de tirar al jinete, refiriéndose a los artilleros de la guardia nacional a cargo de las barret. Un desplazado gritó que había uniformados en los cerros. Los reporteros intentaron cubrirse pero no había nada fortificado para salvar sus vidas.
Desde las unidades artilladas, dos elementos al mando de las barret, buscaron a la gente entre los árboles. Se escuchó decir que había objetivos desplazándose. Huyeron cerro arriba. Nadie de la GN ni de la Policía Estatal disparó.
Ahí había sorpresas, indicios de que esa era “su casa”. Unos perros hambrientos devoraban carne que dejaron los que huyeron. En otra casa, la estufa tenía una cubeta con agua. Se pensó que uno de los que huyeron estaba por bañarse. Dejaron cartuchos de diverso calibre, zapatos, ropa, un teléfono celular. Los uniformados tomaron los artículos abandonados como evidencia.
En esta parte del año oscurece temprano. Una hora después de arribar a Los Alacranes, alrededor de las 18:00 horas, la noche empezaba a perfilarse. Se tomó la decisión de retornar ante la posibilidad de que quienes huyeron por los cerros regresaran, aunque los pobladores que iban por algunas cosas no consiguieron guardar nada.
No todos huyeron
San Rafael es otra comunidad de la que parte de su gente huyó. Se pasó por ahí durante el retorno vigilado. No todos se fueron de San Rafael. Un grupo de gente decidió quedarse a defender su territorio. Ahora son una comunidad armada.
Uno de ellos contó que San Rafael vive de la cosecha de maíz. Dijo que aquí el rendimiento puede llegar a ser hasta de 20 toneladas de grano por hectárea. Es decir, ésta es una zona altamente productiva. La media estatal es de 2.9 toneladas. San Rafael también es una comunidad ganadera. “Estos cabrones (los que ordenaron que se salieran) exigen que les paguemos 150 pesos al mes por cada cabeza de ganado”, se quejó un habitante.
Aquí en este pueblo, contó, desde hace tiempo no vienen los soldados, ni la policía, y tampoco había venido la Guardia Nacional. Dijo que solo el alcalde los ha visitado. “Estamos abandonados por el gobierno estatal y federal”, aseguró.
En San Rafael también hubo una protesta contra el gobierno por la falta de atención. En el centro de la comunidad reclamaron a la GN y a la PE. “Porqué vienen hasta ahora, cuando ya se han salido cerca de la mitad de los habitantes”. Dijeron que en esta comunidad, de alrededor de 1,000 personas, quedó la mitad.
Una señora recordó que la violencia inicio en 2018 pero se incrementó hace como dos meses, pero desde el 10 de noviembre que recibieron la amenaza de salir, los que se quedaron no han podido ir a surtirse de alimentos y no ha habido clases, desde preescolar hasta telebachillerato, porque los maestros no han regresado.
Contó que los delincuentes no dejan pasar el transporte a Ciudad Altamirano y Coyuca de Catalán. La única opción que tienen es Huetamo, pero hay cinco horas de diferencia.
Por eso, por el abandono estatal y federal, no les quedó más que armarse. Ahora vigilan los accesos a su pueblo para defender a sus hijos, a su tierra, a su ganado.
