Texto: Amapola. Periodismo transgresor
Foto: Natividad Barrera
12 de noviembre del 2019
Chichihualco
El contingente de niños, jóvenes, mujeres y ancianos desplazados hace un año de sus comunidades por un grupo armado avanza por la carretera empinada que conduce a esta localidad.
«Once de noviembre, no se olvida», gritan los manifestantes de las comunidades de Filo de Caballos, Los Morros, Puentecillas, Campo de Aviación, 3 Cruces y el Miraval quienes hace un año del 2018 vivieron horas de terror
Esto por la incursión a sus pueblos de más de 2 mil hombres armados que se autodenominaron policía comunitaria de Tlacotepec.
En un inicio el número de personas que se salieron de sus pueblos de esa parte de la Sierra era de mil 800. Durante la marcha de este lunes, se contaron alrededor de 300.
Muchos, entre ellos Crescencio Pacheco, ex comisario de Los Morros y quien encabezó el éxodo del grupo de desplazados se fue a Estados Unidos con su familia ante las amenazas de muerte que le hicieron llegar.
Otras familias se fueron a distintos estados del país.
Pero Pacheco se fue de ilegal a Estados Unidos donde solicitó al gobierno de este país asilo político pero se lo negaron. Sigue viviendo allá con el riesgo de que sea devuelto a México por autoridades migratorias.
«Fue algo horrible, pensamos que todos moriríamos pero de todos modos estamos viviendo en un infierno», dice Marisela Cástulo Guzmán al recordar los momentos que vivieron en Los Morros.
Marisela es hermana del alcalde priísta de este municipio de Leonardo Bravo, Ismael Cástulo, quien también está desplazado y seguramente cuando concluya su mandato no podrá regresar a su pueblo.
La familiar del edil dice que para ella y sus demás compañeros «el infierno» significa que ninguna autoridad de los gobiernos federal y estatal garantizan el regreso a sus comunidades.
Durante más de cuatro meses vivieron en el salón de usos múltiples del auditorio municipal de esta localidad.
Junto con otro grupo de desplazados del pueblo de Tlaltempanapa, municipio de Zitlala, estuvieron en plantón 38 días fuera del Palacio Nacional en la Ciudad de México y se regresaron tras establecer algunos acuerdos con la Subsecretaría de Derechos Humanos, Migración y Población de la Secretaría de Gobernación.
De los acuerdos firmados con las autoridades federales solo se ha cumplido hasta el momento el pago de la renta de las casas donde viven las víctimas y la alimentación.
Pero se corre el riesgo de que estos apoyos ya no se les otorgue debido a que la Comisión de Atención a Víctimas no cuenta con titular y no se firma el nuevo convenio con las familias desplazadas, señaló Manuel Olivares Hernández, director ejecutivo del Centro de Derechos Humanos «José María Morelos y Pavón» quien acompaña a las familias.
Dos de los principales acuerdos que siguen sin cumplirse es el repliegue del grupo armado que tiene tomados los seis pueblos y que a las familias que viven en Chichihualco se les brinde medidas de seguridad.
En la marcha doña Marisela reparte botes de agua a los niños.
Bajo un fuerte sol, los niños que este día no acudieron a la escuela para participar en la movilización, lucen cansados cuando ya caminaron unos 3 kilómetros. El grupo de niños se sienta unos minutos en el pavimento.
«Ya levántense para llegar a tiempo a la misa», les ordena un hombre.
En un tiempo casi de 60 minutos, la gente, ya extenuada culmina cinco kilómetros de recorrido y entra a la explanada del ayuntamiento.
Aquí Marisela expone los reclamos a los gobiernos federal y estatal.
«Qué acaso quieren que nos armemos?, pregunta doña Marisela a las autoridades federales y estatales.
«No, nosotros queremos vivir en paz y regresar a nuestras comunidades», dice.
Le recordó al presidente Andrés Manuel López Obrador que durante el plantón de 40 días que mantuvieron fuera de Palacio Nacional, falleció en la lucha (el 21 de marzo) el señor Francisco Barragán Nava luego de 15 días de haber estado internado en un hospital en la Ciudad de México.
En mayo pasado murió la señora Virginia Zúñiga Maldonado. Ambos, según Marisela, fallecieron por la depresión al no regresar a sus pueblos.
«Mi hijo vendía libros y se llevaron»
Bartolo Hernández, vecino de la comunidad de Tres Cruces, del municipio de Eduardo Neri, denunció que el 15 de diciembre del 2018 junto con su esposa e hijo llegaron a su pueblo y se percataron de que no había gente en las calles.
Cuando iban llegado a su casa varios hombres armados en camionetas les salieron al paso. Se metieron a su domicilio y hasta ahí los siguieron los delincuentes.
Bartolo relata que los delincuentes se fueron sobre su hijo Gilberto Hernández Sebas y a rastras se lo llevaron.
«Yo no pude hacer nada, mi esposa estaba llorando», dijo.
Gilberto, había cumplido 18 años, el 15 de diciembre. Ahora tendrá 19 años.
Bartolo Hernández señala que su hijo se dedicaba a vender libros en las ferias.
Ese 18 de diciembre Gilberto había llegado a su pueblo. Días antes había estado en una feria en la ciudad de León, Guanajuato.
A casi cumplirse un año de la desaparición de su hijo, Bartolo arremete contra el gobierno de Héctor Astudillo y de Andrés Manuel López Obrador.
«La verdad ya estamos encabronados y les decimos que nosotros también podemos armarnos y enfrentar a esos delincuentes», dice.
El grupo de delincuentes que se llevaron a Gilberto, pertenecen al grupo de Ignacio Marquina, señala Bartolo.
Marquina conocido como «El Mencho» es quien, de acuerdo con información de autoridades locales, tiene bajo sus dominios comunidades de la Sierra de los municipios de Heliodoro Castillo y San Miguel Totolapan.
«Nosotros votamos por Andrés Manuel López Obrador, pero no hace nada contra esa pinche delincuencia; pero a ver que va hacer cuando todos nos armemos, advirtió Bartolo.
A las 13 horas, las familias desplazadas de las comunidades de la Sierra y de Tlatempanapa entraron a la iglesia donde un párroco ofició una misa.
Este trabajo fue elaborado por el equipo de Amapola. Periodismo transgresor. Se autoriza su reproducción siempre y cuando se cite claramente al autor.
