Texto y fotografía: Jesús Guerrero
Chilpancingo
Familiares de personas desaparecidas, asesinadas y desplazadas por la violencia en Guerrero reclamaron a la titular de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV), Martha Yuriria Rodríguez Estrada, la falta de apoyo humanitario como es la vivienda y salud.
En la reunión que se desarrolló en un salón de las oficinas de la Secretaría de la Cultura a la titular de la CEAV le llovieron demandas que siguen sin ser solucionadas.
Rodríguez Estrada quien vino acompañada por su equipo, justificó su falta de acción para resolver las problemáticas que enfrentan las víctimas a la ausencia de un buen presupuesto para este 2022, dijo la directora ejecutiva del Centro de Derechos Humanos José María Morelos y Pavón, Teodomira Rosales Sierra.
El encuentro con integrantes de cuatro colectivos de familiares de personas asesinadas y desaparecidas empezó a las 12 del día y concluyó a las 15 horas de este viernes.
“Nosotros agradecemos que haya venido a Guerrero la comisionada pero finalmente no nos trajo ningún anuncio positivo de ayuda humanitaria a las víctimas”, señaló Rosales Sierra entrevistada al concluir la reunión.
En el salón donde se desarrolló el encuentro había mujeres, hombres, adultos mayores y niños que viven desplazados en diferentes municipios de Guerrero.
Rosales Sierra afirmó que a la titular de la CEAV se le plantearon tres puntos: que a la gente que tiene un desaparecido o asesinado se le reconozca su calidad de víctima, la reparación del daño, la reubicación de las familias desplazadas, becas y educación a los niños además de una ayuda humanitaria económica.
En el 2021, familiares de desplazados por la violencia de los municipios de Zitlala, Leonardo Bravo y Chilapa estuvieron tres meses en plantón afuera del Palacio Nacional en la Ciudad de México.
Se firmó una minuta de acuerdos con el subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración, Alejandro Encinas Rodríguez.
“Pero gran parte de esos acuerdos no han sido cumplidos”, dijo Rosales Sierra.
Contó que en estos momentos las familias desplazadas que están en Chichihualco, cabecera del municipio de Leonardo Bravo, tienen que pagar la renta de la casa donde viven.
En la reunión con Rodríguez Estrada la gente que está en Chichihualco le dijo que el lugar donde están viviendo no es seguro y que es imposible regresar a sus pueblos.
Desde noviembre del 2018, este grupo de familias fueron expulsadas de seis comunidades de la Sierra por integrantes de una supuesta policía comunitaria del municipio de Heliodoro Castillo.
Otras familias de desplazadas que estuvieron en la reunión son del municipio de Zitlala que están desplazadas por amenazas que sufrieron por integrantes de un grupo delictivo que tiene bajo su control esa zona de la Montaña Baja de Guerrero.
Rosales Sierra dijo que durante la plática que tuvieron con la titular de la CEAV le hicieron saber que el gobierno federal está violando la Ley General de Víctimas al no dar los apoyos.
Durante la reunión a Rodríguez Estrada le interesó más tratar el tema de la salud y evadía tocar el punto de la ayuda humanitaria ya que insistía en que la CEAV tiene poco presupuesto para este año.
“También es importante la salud pero lo es más la ayuda humanitaria porque como vas a sobrevivir, como vas alimentar a tus hijos si no tienes recursos económicos”, expuso Rosales Sierra.
A Rodríguez Estrada se le dijo también que muchas víctimas tienen una salud deplorable como consecuencia, entre otras, de que no les otorgan una ayuda humanitaria.
Las familias acordaron que a mediados de agosto próximo van a reactivar sus movilizaciones.
Rosales Sierra aseguró que las 300 desplazados forzado que asesora llevan casi tres años luchando porque el gobierno federal les cumpla con sus demandas.
“El presidente Andrés Manuel López Obrador les prometió muchas cosas a las víctimas y sigue sin cumplir”, dijo la activista del Centro Morelos.
En agosto próximo cuando se movilicen las familias una de las exigencias es de que el Senado de la República apruebe la Ley General de Desplazamiento Forzado que según Rosales Sierra, está atorada en las comisiones legislativas.
Aquí en Guerrero existe la Ley 487 para atender y prevenir el desplazamiento interno que fue aprobada en el 2014 durante el gobierno de Ángel Aguirre Rivero.
A siete años de que existe esta ley, el Congreso local sigue sin aprobar su ley reglamentaria.
“Esta Ley de desplazamiento en Guerrero es letra muerta porque ningún gobierno la ha cumplido”, aseguró Rosales Sierra.
Gema Antúnez Flores, presidenta del Colectivo de Familias de Búsqueda de Desaparecidos, dijo que a la titular de la CEAV, le plantearon un programa de vivienda para las víctimas además de atención a su salud.
“En estos momentos es la problemática más importante que tenemos nosotros, vivienda y salud”, aseguró.
Mencionó que la mayoría de las familias que ella representa carecen de una vivienda propia ya que tienen que rentar o bien viven con algún familiar.
Antúnez Flores consideró que para su colectivo la reunión con Rodríguez Estrada fue muy provechosa.
Al concluir la reunión, la titular de la CEAV y el personal que la acompañaba salió por la puerta trasera del edificio ubicado en el zócalo de Chilpancingo.
La salida casi furtiva de la funcionaria del gobierno federal fue para evitar que los reporteros la entrevistaran.
